Ya lo decíamos en este mismo blog hace apenas doce días, en el artículo “El papel no juzga”, que una acusación formal del Distrito Sur de Nueva York, por grave que sea, no equivale a una sentencia condenatoria, pues el papel no juzga, las pruebas sí y la soberanía mexicana exige que estos delitos, ocurridos en ranchos de Culiacán, en oficinas de gobierno de Sinaloa y en pactos electorales de 2021, se juzguen aquí en México, con todas las garantías constitucionales.
Doce días después, la realidad nos ha dado un golpe que resuena con fuerza y que confirma de la manera más dolorosa posible, que nuestras advertencias no eran exageración, ya que dos de los diez funcionarios y exfuncionarios acusados por Estados Unidos de proteger al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos, ya no están en territorio mexicano, pues Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado y general retirado y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se entregaron voluntariamente a la justicia estadounidense, uno cruzando la frontera por Nogales, Arizona, el 11 de mayo y el otro apareciendo en Nueva York tras estar en Europa, ambos bajo custodia federal en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrentarán los cargos de conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a escala industrial, así como posesión de armas de guerra.
No fueron capturados en operativos espectaculares, no resistieron, se entregaron y al hacerlo enviaron un mensaje más potente que cualquier comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores: ya no confían en la justicia mexicana.
Este no es un detalle secundario ni un episodio aislado, sino la confirmación brutal y pública de lo que advertíamos el 3 de mayo, que bajo este gobierno no existen las condiciones mínimas para juzgar con imparcialidad a un gobernador, a un senador y a todo un círculo de poder local, pues cuando dos de los señalados prefieren entregarse en Nueva York antes que confiar en las instituciones de su propio país, el “papel” de la Constitución y los tratados de extradición ya no alcanza, ya que la gente, incluso los propios acusados, está votando con los pies.
Mérida y Díaz no huyeron como prófugos comunes, se presentaron y al presentarse se colocaron fuera del alcance de la justicia mexicana y muy probablemente, también fuera del alcance del propio Cártel de Sinaloa, ya sea por temor a represalias del grupo criminal que supuestamente protegían, por desconfianza profunda en el sistema judicial morenista o por un cálculo frío de que en Estados Unidos tendrán un proceso más predecible y posiblemente más benévolo, siendo el resultado el mismo: dos piezas clave del caso ya están en manos de otro país y fuera del control de quienes, según la acusación, formaban parte de un pacto criminal.
Para quienes, como yo que defiendo que estos delitos deben juzgarse en México porque ocurrieron en México, este episodio es un revés doloroso, no porque este a favor de la extradición masiva, al contrario, sino porque confirma que el sistema que supuestamente debe impartir justicia ha perdido credibilidad incluso entre los propios señalados, pues recordemos lo que escribimos hace apenas doce días: los delitos imputados, conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas a escala industrial, posesión de armas de guerra y sobre todo la entrega sistemática de protección política e institucional al Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo electoral sucio en 2021, ocurrieron aquí, en suelo mexicano, en ranchos de Culiacán, en oficinas de gobierno, en reuniones secretas entre funcionarios y líderes criminales, en urnas robadas, en plazas otorgadas y en sobornos millonarios mensuales.
Extraditarlos sería como dije entonces, una confesión humillante de que el Estado mexicano ha sido capturado, cooptado y prostituido como franquicia logística del narco bajo el disfraz de la “Cuarta Transformación”, pero lo que está ocurriendo ahora es aún más grave, pues dos de ellos ya no esperan a ser extraditados, han decidido que Nueva York les ofrece mejores condiciones que Culiacán o la Ciudad de México.
México sigue hundido en el lugar 121 de 143 países del World Justice Project Rule of Law Index 2025, con un patético puntaje de 0.40 y una caída sostenida del 2.8 % respecto al año anterior, la impunidad general ronda entre el 89 % y el 93 % según los informes más recientes de México Evalúa, en corrupción percibida Transparency International nos ubica en el lugar 141 de 182 países, y en “orden y seguridad” estamos en el sótano global, ¿y qué les decimos a los acusados?, ¿que confíen en este sistema?, ¿que confíen en fiscalías que han demostrado ser incapaces de tocar a los grandes peces?, ¿que confíen en un Poder Judicial que la propia 4T ha reformado para convertirlo en instrumento de sometimiento político?, pues la respuesta de Mérida y Díaz ha sido clara: no confiamos.
Y no es solo ellos, este acto de rendición voluntaria es también una bofetada al discurso oficial que insiste en que “México es un país soberano” y que “investigaremos aquí”, porque cuando los propios acusados prefieren el sistema judicial de otro país, la soberanía deja de ser un principio y se convierte en una frase vacía.
Estados Unidos ya tiene dos testigos potencialmente valiosos en su poder y si Gerardo Mérida o Enrique Díaz deciden cooperar y todo indica que podrían hacerlo a cambio de una reducción significativa de pena, la información que aporten puede ser letal para los ocho restantes, incluido Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez y Juan de Dios Gámez Mendívil, por lo que el gobierno federal tiene ahora dos caminos frente a él: el primero, el más cómodo y el que hasta ahora ha elegido, es seguir repitiendo que “faltan pruebas suficientes”, que “se investigará en México” y que “la soberanía está primero”, mientras dos de los diez ya están negociando en Nueva York y el resto de los acusados se esconden o preparan su propia estrategia de entrega; y el segundo, el más difícil pero el único digno, es aprovechar este golpe de realidad para demostrar que México sí puede y quiere juzgar a los suyos con instituciones que funcionen de verdad, fiscales autónomos, jueces independientes y policías que no estén infiltradas ni cooptadas.
La soberanía no se defiende protegiendo aliados ni negando la realidad con comunicados, se defiende construyendo un sistema de justicia que genere confianza en propios y extraños, pues hoy dos de los diez ya no confían y han actuado en consecuencia, mientras la pregunta que planteábamos el 3 de mayo sigue vigente y ahora arde con más fuerza: ¿realmente podemos juzgarlos aquí con las mínimas garantías de imparcialidad y seguridad?, y mientras la respuesta siga siendo no, seguiremos viendo cómo más piezas del rompecabezas se entregan en Nueva York, cómo el cártel pierde control sobre quienes supuestamente lo protegían y cómo la narrativa de “abrazos no balazos” y “transformación moral” se desmorona ante los hechos, porque al final la soberanía no es un discurso, es la capacidad real de un Estado de hacer justicia en su propio territorio y cuando esa capacidad se pierde o nunca se tuvo, la gente, incluso los acusados, busca justicia en otra parte.
El papel no juzga.
Pero la realidad sí y esta vez, la realidad tiene nombre y apellido: Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, dos hombres que decidieron que para ellos, la justicia ya no vive en México y eso, más que cualquier acusación estadounidense, es el verdadero golpe a la soberanía nacional.