¿Justicia mexicana o el circo más grotesco, cínico y sangriento de impunidad blindada en la historia de la Cuarta Transformación?
Rubén Rocha Moya —el gobernador morenista de Sinaloa de 76 años que el 2 de mayo de 2026 pidió “licencia temporal” para “facilitar las investigaciones” después de que le estallara en la cara la bomba del Departamento de Justicia de Estados Unidos—, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil y los otros siete funcionarios y exfuncionarios sinaloenses deben ser juzgados en México. ¡Y punto final! No es una descortesía diplomática, no es una afrenta a la DEA ni a Donald Trump, es un mandato constitucional irrenunciable, un principio de soberanía territorial que no se negocia ni se regatea y una deuda de sangre, de lágrimas y de miles de vidas mexicanas con las decenas de miles de víctimas del narco: madres que escarban fosas clandestinas buscando los restos de sus hijos, jóvenes destrozados por el fentanilo que llega a nuestras calles, comunidades enteras aterrorizadas por balaceras que parecen apocalipsis, familias destruidas por la violencia que este pacto supuestamente alimentó.
Los delitos que les imputa el indictment del Distrito Sur de Nueva York del 29 de abril de 2026 —conspiración para importar a escala industrial fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; y sobre todo, la entrega sistemática, premeditada y asquerosa de protección política a la facción del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo electoral sucio en 2021— ocurrieron aquí, en suelo mexicano, en ranchos de Culiacán, en oficinas de gobierno, en mesas de poder, las reuniones secretas, los sobornos millonarios, el robo de urnas, las intimidaciones, los secuestros de opositores, la colocación de gente afín en policías, fiscalías y ayuntamientos, la operación con impunidad absoluta y hasta los supuestos pagos mensuales al cártel… todo se cocinó en Sinaloa, las balas que matan, las drogas que envenenan a nuestros hijos y el terror que vive el estado que le dio nombre al cártel más poderoso del planeta son 100 % mexicanos, extraditar a un gobernador en pleno escándalo, a un senador y a un alcalde de la capital del imperio narco no sería “cooperación bilateral”. ¡Sería la confesión pública, humillante, vergonzosa, cínica y definitiva de que el Estado mexicano ha sido capturado, cooptado, prostituido y convertido en una franquicia logística del narco bajo el disfraz de la “Cuarta Transformación”! ¡Y eso duele! ¡Eso enfurece! ¡Eso nos debería hacer hervir la sangre a todos los que aún creemos que México merece algo mejor que este circo macabro!
Pero aquí está la pregunta que quema como ácido puro, la que ni Claudia Sheinbaum, ni la Presidencia, ni los corifeos de Morena en redes, ni los “intelectuales orgánicos” de la 4T se atreven a responder con la frente en alto y los datos en la mano: ¿existen hoy, bajo este gobierno de Morena y con el lastre podrido de los sexenios pasados, las condiciones reales, mínimas, dignas de un país serio, para juzgarlos de manera imparcial, con todas las garantías constitucionales y procesales? La respuesta, cruda, irrefutable, demoledora y respaldada por números que no mienten ni se pueden maquillar, es un ¡NO ROTUNDO, CATEGÓRICO Y ESCANDALOSO! No existen. No existían ayer, no existen hoy y mientras este status quo morenista siga reinando, no existirán mañana, no es un “reto institucional”, no es un “pendiente”, no es un “error de percepción”, es el resultado previsible, casi matemático, inevitable y criminal de un sistema que Morena ha consolidado, perfeccionado, blindado y puesto a su servicio desde 2018: control político absoluto del aparato de justicia, una reforma judicial convertida en arma de sometimiento masivo y venganza partidista, impunidad crónica elevada a política de Estado y una relación simbiótica —o al menos cómoda, omisa, electoralmente rentable y políticamente útil— con el poder real del narco en los estados que realmente importan, este caso no es un accidente aislado, es la bomba nuclear que explota en plena cara de la narrativa de “abrazos no balazos”, de “nunca más”, de “transformación moral” y de “humanismo mexicano”. ¡Es la prueba viviente, sangrante y putrefacta de que la Cuarta Transformación no rompió con el viejo régimen: lo abrazó, lo besó, lo maquilló con banderas tricolor y lo puso a trabajar para ella a plena luz del día!
Miren los hechos del escándalo, porque son demoledores, porque son obscenos, porque son una bofetada a la dignidad nacional, el 29 de abril de 2026, el Distrito Sur de Nueva York destapó una acusación formal que parece sacada de una pesadilla narco pero es real, documentada y devastadora: Rocha Moya y su círculo cercano supuestamente se reunieron con los Chapitos antes de las elecciones de 2021, a cambio de protección total, de plazas libres para el trasiego masivo de fentanilo que está matando a gringos y mexicanos por igual, de colocar gente afín en policías estatales, fiscalías y ayuntamientos, entregaron votos robados, intimidaron candidatos opositores, secuestraron rivales, robaron urnas y garantizaron su triunfo, la acusación habla de sobornos directos, de operación con impunidad absoluta y de un pacto que convirtió al gobierno de Sinaloa en un socio estratégico del cártel más poderoso del hemisferio, Rocha niega todo, grita “ataque político”, “soberanía” y asegura que es un complot imperialista contra la 4T, la SRE y la FGR repiten el libreto oficial de siempre: “no hay pruebas suficientes enviadas por EE.UU.”, “investigaremos en México”, “soberanía primero”, mientras tanto, Washington ya giró órdenes de detención provisional con fines de extradición. ¡Esto no es un capo de segunda! ¡Es el gobernador de la cuna histórica del Cártel de Sinaloa, un político estrella de Morena, cercano a la propia presidenta Sheinbaum! Si se prueba aunque sea la décima parte de esto, no hablamos de corrupción aislada, hablamos de captura de Estado a nivel regional. ¡Hablamos de un narco-gobierno electo con ayuda del narco! ¡Y pretenden que lo juzgue el mismo sistema que supuestamente fue cooptado por ellos, el mismo partido que lo postuló y el mismo gobierno que hoy defiende “la soberanía” mientras protege a los suyos!
Ahora, las condiciones reales del sistema judicial mexicano bajo este gobierno, México sigue hundido en el lugar 121 de 143 países del World Justice Project Rule of Law Index 2025, con un patético puntaje de 0.40 y una caída sostenida del 2.8 % respecto al año anterior, en “orden y seguridad” estamos en el sótano global, impunidad general ronda el 89-93 % según los informes más recientes de México Evalúa; en narcotráfico de alto nivel, corrupción política y delitos de lesa humanidad la cifra es obscena, casi absoluta. Transparency International nos regala 27 puntos de 100 en corrupción percibida (lugar 141 de 182). ¿Y la joya de la corona de Morena, la reforma judicial de 2024-2025? Esa que vendieron como “democratización del Poder Judicial” y que hoy se revela como lo que siempre fue: un mecanismo brutal para someter a los jueces al voto popular, a la presión partidista, al miedo y al control desde Palacio, elecciones masiva de ministros, magistrados y jueces, eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con colmillos políticos y desmantelamiento total de la carrera judicial profesional, Human Rights Watch, la CIDH y la Relatora de la ONU advirtieron exactamente lo que está ocurriendo: los juzgadores quedan expuestos a presiones de Morena, de los medios afines y —lo más letal— del propio crimen organizado, en un caso como este, donde el acusado es un gobernador morenista en el estado más narco del país, ¿quién en su sano juicio cree que un juez electo por mayoría morenista va a fallar en contra del partido que lo puso ahí? ¿Quién protege a fiscales, testigos y peritos cuando el crimen organizado ya demostraron que pueden decidir quién gana y quién pierde en Sinaloa? ¿Quién garantiza que no haya “llamadas desde arriba” o amenazas desde abajo?
Las implicaciones son explosivas, sísmicas, apocalípticas y van mucho más allá de Culiacán, van al corazón mismo del poder en México y al futuro del país.
Primero, con el gobierno actual de Morena y la 4T. Juzgar a Rocha aquí equivale a que el mismo partido que lo postuló, que controla el Congreso, la mayoría de las gobernaturas, el Poder Judicial “democratizado” y ahora hasta la narrativa oficial sea juez, parte, fiscal, verdugo, defensor y encubridor, si sale absuelto por “falta de pruebas mexicanas”, el mensaje es cristalino y brutal: los nuestros están blindados, intocables, por encima de la ley, por encima de las víctimas y por encima de México, si sale condenado, se abre la caja de Pandora más grande de la historia reciente: ¿hasta dónde llegaba el pacto? ¿Hubo conocimiento o al menos omisión cómplice en Palacio Nacional? ¿Cuántos otros gobernadores morenistas (o aspirantes) tienen acuerdos similares en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Baja California o el propio Estado de México? El status quo de Morena —esa narrativa hipócrita de “nunca más”, de “abrazos no balazos”, de “transformación moral” y de “humanismo”— se derrumbaría como un castillo de naipes bajo un huracán de realidad, Sinaloa no es un estado periférico: es el laboratorio vivo del narco-política, juzgarlos imparcialmente amenazaría el control político que Morena ejerce sobre fiscalías, policías y tribunales. ¡Sería admitir que la 4T no transformó nada: solo recicló la corrupción con otro color, otro discurso y la misma podredumbre!
Segundo, con los gobiernos pasados. No inventamos la pólvora, PRI y PAN también pactaron, miraron para otro lado o fueron cooptados (Duarte, exgobernadores priistas de Sinaloa, los escándalos de Calderón con “Fast and Furious” o Peña Nieto con sus “narco-gobernadores”). La diferencia brutal, la que duele más y la que debería avergonzar a los morenistas de verdad, es que Morena llegó al poder prometiendo romper el “viejo régimen corrupto” con gritos de “es un honor estar con Obrador” y lo que ha hecho es institucionalizar la misma lógica podrida con otro nombre: control centralizado desde Palacio, discurso antioligárquico de mentiras, reforma judicial que debilita contrapesos y una soberanía que solo se invoca cuando conviene, la continuidad es obscena, cínica y criminal: impunidad para los de arriba, retórica incendiaria para las víctimas de abajo.
Tercero, con los narcos, no son el enemigo del Estado; según la acusación estadounidense, fueron socios electorales y juzgar a Rocha en México bajo este status quo podría significar que el cártel siga operando con la certeza absoluta de que sus aliados políticos están protegidos por el partido en el poder, o peor: que el proceso se convierta en un ajuste de cuentas interno del narco, testigos amenazados de muerte, pruebas “desaparecidas” mágicamente, fiscales intimidados, jueces con familia en la mira, el mensaje al crimen organizado sería devastador y clarísimo: México sigue siendo territorio fértil para la cooptación y la 4T no cambia nada. ¡Al contrario: lo empeora, lo institucionaliza y lo celebra como “soberanía”!
Cuarto, para el país entero y para las víctimas. Este caso desnuda la ficción grotesca de la soberanía, invocamos “México primero” y “soberanía” a los cuatro vientos mientras aceptamos en los hechos que solo en EE.UU. hay prisiones seguras, fiscales sin miedo y jueces que no viven bajo amenaza constante, si extraditamos, perdemos legitimidad internacional y ante nuestra propia gente, si juzgamos aquí y sale mal —como ha salido en casi todos los casos de alto perfil en los últimos sexenios—, perdemos credibilidad, la violencia en Sinaloa puede escalar a niveles nunca vistos y Morena, en su afán desesperado de mantener el poder a toda costa, termina fortaleciendo exactamente lo que dice combatir: la podredumbre que alimenta al narco y que cobra miles de vidas mexicanas cada año, las madres de desaparecidos, los jóvenes adictos, los empresarios extorsionados y la sociedad entera pagan el precio mientras los de arriba se escudan en banderas y discursos.
La Constitución mexicana habla bonito de presunción de inocencia, juez natural, imparcialidad y debido proceso, pero el papel no juzga, juzgan personas de carne y hueso y hoy esas personas operan bajo un status quo morenista que prioriza lealtad política, control absoluto y narrativa de mentiras sobre independencia, profesionalismo y verdad cruda, Rocha Moya y compañía deben ser juzgados en México, pero para que eso sea justicia de verdad y no un teatro grotesco de impunidad blindada, México necesita lo que la 4T no ha entregado en casi ocho años de promesas vacías: un Poder Judicial profesional, autónomo de verdad, fiscalías blindadas contra el poder político y criminal, policías capacitadas y una cultura de legalidad que hoy brilla por su ausencia total en Sinaloa y en buena parte del país.
Mientras eso no ocurra, insistir en “juzgarlos aquí” no es soberanía, es puro voluntarismo patriótico disfrazado de patriotismo barato, es aceptar que el narco y el poder político sigan bailando el mismo tango sangriento, solo que ahora con el himno de la Cuarta Transformación de fondo y con Sheinbaum al frente del baile, México ya no puede permitirse más simulacros, más actos de fe ciega ni más discursos huecos que insultan la inteligencia de la gente, las víctimas, las familias de los desaparecidos, los jóvenes que mueren por fentanilo en las calles de nuestras ciudades y la sociedad entera merecen algo mejor que otro escándalo tapado con retórica soberana, merecen justicia real y hoy, admitámoslo con dolor, con rabia, con vergüenza y con la frente en alto: esa justicia sigue estando más cerca de una corte federal en Nueva York que de un tribunal “democratizado” y controlado por Morena en CDMX.
La soberanía no se defiende negando la extradición mientras se protege a los aliados, se defiende construyendo instituciones que funcionen, que no teman al narco ni al poder político, hasta ahora, en este caso y en decenas como él, seguimos debiéndole al país y la deuda ya es impagable, ¡México se merece algo mejor que este circo! ¡México se merece justicia de verdad! ¡México se merece que la soberanía no sea solo un grito, sino una realidad que proteja a su gente y no a sus criminales!