Hay una frase que circula en redes con la sencillez de las verdades que incomodan: un gobierno no está para darle comida a los pobres, sino para crear las condiciones correctas para que el pobre deje de serlo y pueda comprar la comida que quiera. Parece un matiz, pero en ese matiz cabe una idea completa de la persona, de la sociedad y del poder. Es la distancia entre el ciudadano que se sostiene con su propio esfuerzo y el súbdito que espera, cada mes, la dádiva de quien gobierna.
Durante décadas, y con particular intensidad en los últimos años, en México se ha confundido la generosidad con el reparto. Se ha instalado la idea de que la medida de un buen gobierno es cuánto entrega, y no cuántos dejan de necesitarlo. Bajo esa lógica, el éxito de una política social se celebra cuando crece el padrón de beneficiarios, cuando lo razonable sería celebrarlo cuando ese padrón disminuye porque las familias ya no lo requieren. Un Estado que se enorgullece de que millones dependan de él ha invertido el sentido de su propia existencia.
El asistencialismo tiene un rostro amable y una consecuencia amarga. Ofrece alivio inmediato, y nadie que conozca el hambre puede despreciarlo; pero cuando se convierte en sistema, sustituye la esperanza por la espera. Quien recibe sin un camino para salir adelante no adquiere libertad: adquiere una deuda silenciosa con quien le da. Y el poder lo sabe. Cada transferencia es también un vínculo, y cada vínculo, en tiempos electorales, se administra con cuidado. No hay incentivo para que el pobre deje de serlo cuando su pobreza se ha vuelto rentable para alguien.
Nada de esto significa indiferencia ante quien sufre. La caridad frente a la emergencia es un deber moral, y la doctrina social de la Iglesia lo enseña sin ambigüedad: nadie puede apartar la mirada del hermano que no tiene qué comer. Pero esa misma doctrina nos da otra palabra, menos citada y más exigente: subsidiariedad. El Estado no debe hacer lo que la persona, la familia y las comunidades pueden hacer por sí mismas; su tarea es ayudarlas a hacerlo, protegerlas y abrirles el camino. La dignidad humana no se reparte en tarjetas ni se deposita en una cuenta. Se construye con el trabajo, con el patrimonio propio, con la familia que prospera y con la comunidad que se organiza sin pedir permiso.
Las condiciones correctas de las que habla la frase no son un misterio ni una utopía. Son la seguridad que permite al pequeño comerciante abrir su negocio sin pagar extorsión. Son la certeza jurídica que garantiza que quien ahorra, invierte o construye no perderá lo suyo por decreto. Son escuelas que enseñen de verdad, que formen inteligencia y carácter, y no simplemente administren aulas. Son trámites sencillos, impuestos razonables y autoridades que no estorben a quien quiere emprender. Son, en suma, un orden en el que el esfuerzo rinde frutos y esos frutos pertenecen a quien los cultivó.
Eso es lo que saca a una familia de la pobreza de manera permanente: no la ayuda que hay que volver a pedir mañana, sino la oportunidad que ya no se pierde. Un salario digno vale más que un apoyo; un oficio vale más que un programa; una casa propia vale más que cualquier promesa de campaña. Lo primero hace libres a las personas; lo segundo las mantiene cerca de la ventanilla.
Un país donde millones esperan el depósito no es un país más justo, sino uno más frágil, más dócil y más pobre en el sentido profundo de la palabra. El verdadero compromiso con los pobres no consiste en mantenerlos alimentados, sino en desear sinceramente que dejen de serlo, aun cuando eso signifique que un día ya no necesiten al gobierno. Esa es la prueba de una política social honesta: que aspire a volverse innecesaria.
Hechos, no palabras.
