Más que un plan de desarrollo: la reingeniería social incrustada en el PGD

Acuarela: una familia mira el horizonte de la Ciudad de México mientras una cuadrícula técnica se superpone a la ciudad y a ellos

El Proyecto de Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México 2027-2047 no solo ordena obras, economía y servicios. Trae dentro un proyecto para transformar la familia, la crianza, la educación, la sexualidad y la conciencia. Si el Congreso no resuelve en seis meses, será obligatorio durante veinte años.

El 11 de noviembre de 2026, la Gaceta Parlamentaria número 649 del Congreso de la Ciudad de México publicó el Proyecto de Plan General de Desarrollo 2027-2047. Lo revisé con el texto en la mano y llegué a una conclusión que argumento con sus propias palabras: no es solo un plan de desarrollo. Es, también, un proyecto de reingeniería social incrustado en un instrumento de planeación.

Escribo como habitante de esta ciudad y desde una convicción sencilla: la persona tiene una dignidad que el Estado no otorga, solo reconoce; la familia existe antes que cualquier gobierno; y lo que las personas y comunidades pueden resolver por sí mismas no debe absorberlo el Estado, que ayuda y no sustituye. Dignidad de la persona, bien común y subsidiariedad, principios de la Doctrina Social de la Iglesia, son la vara con la que leí el proyecto. Cito el texto literal y la página impresa del plan.

Lo que debería ser un plan de desarrollo

La Constitución de la Ciudad dice que el Plan General «definirá las políticas de largo plazo en las materias de relevancia estratégica para la Ciudad» y que tendrá por objeto «la cohesión social, el desarrollo sustentable, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, el equilibrio territorial y la transformación económica» (art. 15, apartado B, numeral 2). La Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo pide un diagnóstico, una visión de una ciudad «con espacios y servicios públicos de calidad para todos», un apartado «en materia de infraestructura física y tecnológica» y objetivos en los ámbitos «social, económico, ambiental y territorial», cada uno con sus «previsiones de infraestructura» (art. 43, apartado A, fracción II).

Es decir, un plan de desarrollo es un instrumento de Estado para que la ciudad tenga agua, movilidad, vivienda, seguridad, empleo y servicios. Nada en esas normas encarga al gobierno redefinir la familia, transformar la conciencia de los ciudadanos o certificar las convicciones de las instituciones privadas. Y, sin embargo, eso es lo que el proyecto incorpora.

Por qué importa: obligatorio, por veinte años, y puede aprobarse solo

La Constitución dispone que el Congreso «deberá resolver en un periodo no mayor a seis meses posteriores a su presentación; trascurrido este plazo sin resolución, se considerará aprobado. Su vigencia será de veinte años» (art. 15, apartado B, numeral 3). Su observancia «será de carácter obligatorio para el sector público y regulatorio e indicativo para los demás sectores» (numeral 1), y la ley repite la aprobación tácita (art. 51, fracción I). El propio plan lo asume: «La programación y el ejercicio presupuestal deberán sujetarse a los objetivos, estrategias y metas del Plan» (p. 9).

Además, una vez aprobado, el Plan General «podrá ser actualizado y modificado únicamente a solicitud de la persona titular de la Jefatura de Gobierno o del Instituto» de Planeación (art. 49 de la ley). Habrá evaluaciones «anual, trianual y sexenal» (art. 43, apartado A, fracción II, inciso g), pero la llave para corregir el rumbo la tienen solo dos actores. Una reingeniería social que entra por la puerta de la planeación queda blindada durante dos décadas.

Primera pieza: «desfamiliarizar» el cuidado

El plan describe el cuidado como «una responsabilidad compartida entre el Estado, las familias, las comunidades, el sector privado y la sociedad» (p. 148). La familia aparece en una lista, como un actor más, y no como la primera comunidad donde se aprende a cuidar y a ser cuidado.

Luego fija como «propósito estratégico» «desfeminizar, desfamiliarizar y desmercantilizar» los cuidados (p. 143), y lo repite: «construir un sistema de cuidados que desfeminice, desfamiliarice y desmercantilice el trabajo de cuidados» (p. 147). La corresponsabilidad entre hombres y mujeres es justa; lo que revela la intención de fondo es «desfamiliarizar» como meta de Estado. La subsidiariedad pide lo contrario: fortalecer a la familia para que pueda cuidar a sus niños, a sus enfermos y a sus mayores, con apoyos que lleguen a ella. Y «desmercantilizar» excluye a guarderías y servicios privados o sociales.

Segunda pieza: la crianza desde la cuna

El plan propone «educación inicial (0 a 3 años) en planteles para redistribuir los cuidados» (p. 174). Las familias que quieran esa opción deben tenerla. Pero el fin declarado no es el bien del niño ni la libertad de los padres para elegir, sino «redistribuir los cuidados».

Tercera pieza: la educación, bajo rectoría del Estado

El plan menciona la «corresponsabilidad entre el Estado, las familias, las comunidades, las personas docentes» y otros actores, y apuesta por fortalecer «la rectoría del Estado» (p. 170). No encontré el reconocimiento del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones.

Esa ausencia pesa más cuando el objetivo es explícito: «Lograr una transformación definitiva de la cultura educativa y del sistema de salud hacia el respeto pleno de los derechos reproductivos y la igualdad sustantiva» (p. 160). No se trata de mejorar escuelas, sino de transformar de forma «definitiva» una cultura. Para adolescentes, el plan propone: «Rediseño de planes de estudio. Educación sexual y métodos anticonceptivos» (p. 193). La línea no menciona el consentimiento ni la participación de madres y padres, que son los primeros responsables de la formación afectiva de sus hijos.

Cuarta pieza: la sexualidad y el modelo de familia

Aquí el plan es directo: un nuevo pacto social de género «exige cuestionar las normas que imponen una sola manera de amar, de vivir el género y de formar una familia» (p. 162). Y en su apartado sobre diversidad sexogenérica sostiene que las distintas formas de vivir la sexualidad «Contribuyen a cuestionar estructuras históricas de desigualdad, como el patriarcado, la heteronorma y el machismo» (p. 163).

Respetar a todas las personas es una exigencia de su dignidad, y nadie debe ser discriminado. Pero un plan de desarrollo no tiene por qué fijarse como meta de gobierno, durante veinte años, cuestionar el modelo de familia que muchos habitantes de esta ciudad han formado y quieren formar. Eso ya no es planeación: es ingeniería cultural.

Quinta pieza: la vida, al principio y al final

El plan no usa las palabras «aborto» ni «eutanasia», y el debate merece precisión. Pero sí usa términos cuya ambigüedad debería preocupar a quien crea que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta su fin natural. Propone «formación médica en autonomía reproductiva» (p. 160) y «la garantía de los derechos sexuales y reproductivos» (p. 178). En ningún lugar encontré la objeción de conciencia del personal de salud ni una mención a la vida del no nacido.

Al final de la vida, pide marcos normativos que «garanticen el derecho a la muerte digna» (p. 180) y habla de «cuidados paliativos y respeto al derecho a una muerte digna» (p. 177). Los cuidados paliativos merecen todo el impulso público, pero el plan no define «muerte digna» ni la limita a ellos. Un documento obligatorio por veinte años no debería dejar abierta esa puerta.

Sexta pieza: la conciencia de las instituciones privadas

«Las instituciones públicas y privadas serán certificadas en materia de diversidad sexo genérica y atención a las poblaciones LGBTTTIQ+» (p. 165). Que el Estado certifique a escuelas, empresas y asociaciones privadas según una visión antropológica determinada toca de lleno la libertad de conciencia, de asociación y religiosa, y el plan no prevé salvaguardas. La libertad religiosa aparece solo en una tabla de grupos prioritarios, en el renglón de «Minorías religiosas» (p. 54), sin una política para garantizarla.

Se suman «protocolos contra la violencia simbólica» (p. 160), un concepto tan amplio que podría alcanzar la libre expresión, y el propósito de consolidar al Cabildo de las mujeres «como un órgano rector y de alcance regional» (p. 160), sin precisar sus facultades. Incluso la seguridad se define desde una corriente: «un modelo de seguridad y justicia de carácter comunitario, feminista y de cuidados» (p. 81), cuando la justicia debe ser igual para todos y sin adjetivos ideológicos.

El marco que lo sostiene: un Estado que crece

La reingeniería necesita estructura. El diagnóstico oficial ubica a la ciudad «en el contexto de la crisis del régimen neoliberal y de la impugnación creciente del patriarcado y de las desigualdades de género» (p. 32), y la visión es «un Estado de Bienestar en expansión» (p. 9). En las estrategias no encontré estimaciones de costos.

Para el largo plazo, el plan plantea «Institucionalizar la participación ciudadana como un cuarto nivel de gobierno y definir sus ámbitos de atribuciones» (p. 64). En vivienda, «el Estado asume la rectoría de la política de vivienda y recupera la función social del suelo, respetando las distintas formas de propiedad» (p. 227); propone «una política de adquisición de suelo» y un «Banco de Suelo» (p. 229), sin reglas claras de adquisición ni garantías explícitas de indemnización, y busca «Regular la densidad de plataformas digitales de hospedaje» (p. 229), lo que limita cuántos propietarios pueden rentar su inmueble. En drogas, quiere «sustituir el enfoque punitivo hacia el cannabis por estrategias de Reducción de riesgos y daños» (p. 177). La persona adicta merece atención, pero renunciar a la disuasión deja más solas a las familias.

Y todo se ata a un calendario ajeno. El plan afirma que «el PGD deberá alinearse» al Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 (p. 29), aunque la Ley de Planeación federal establece que «La vigencia del Plan no excederá del periodo constitucional del Presidente de la República» (art. 21). El plan nacional vence en 2030; el PGD sigue diecisiete años más sin regla para lo que venga después.

Lo que el plan no atiende: el invierno demográfico

El plan diagnostica que «la ciudad está por debajo del nivel de reemplazo de 2.1 hijos por mujer» y proyecta para 2050 «una TGF de 1.28, con un crecimiento natural negativo» (p. 33). Pero responde que las políticas «deberán orientarse a erradicar el embarazo adolescente, adaptarse a estructuras familiares más diversas y acompañar el proceso de envejecimiento» (p. 33). Adaptarse. No encontré una política para apoyar a quienes desean tener hijos frente al costo de la vivienda o la falta de conciliación. Un plan que quiere transformar a la familia no se ocupa de que las familias puedan existir.

Lo que sí tiene

Hay que reconocerlo: el plan se propone «aumentar en al menos el 50% el PIB per cápita» y habla de «confianza para la inversión», «simplificación administrativa» y «certeza jurídica» (p. 104). Informa que «Entre 2018 y 2025 la deuda pública se redujo 8.4% en términos reales» (p. 89). Ese es el plan de desarrollo que la ley pide. El problema es todo lo que viene incrustado junto a él.

Separar el desarrollo de la reingeniería

Propongo que el Congreso separe lo que corresponde a un plan de desarrollo de lo que es un proyecto ideológico. Que el plan reconozca a la familia como base de la sociedad y la apoye en lugar de «desfamiliarizar» el cuidado; que garantice el derecho preferente de los padres en la educación de sus hijos; que defina «muerte digna» y reconozca la objeción de conciencia; que proteja expresamente la libertad religiosa, de conciencia y de asociación; que dé garantías claras a la propiedad; y que diga cuánto costará lo que promete y cómo se ajustará cuando cambie el plan nacional.

Los invito a leer el proyecto completo en la Gaceta Parlamentaria 649 y a hacer oír su voz ante las Comisiones Unidas de Planeación del Desarrollo y de Gobierno y Políticas Públicas del Congreso de la Ciudad de México. Si el Congreso no resuelve, el plan se aprobará solo. Que no sea por nuestro silencio.