Quien vive en la Ciudad de México ya no habla de «horas pico». El embotellamiento dura desde temprano hasta bien entrada la noche. Cruzar la ciudad de Indios Verdes a Tlalpan, poco más de 30 kilómetros, puede tomar dos horas o dos y media. Según el TomTom Traffic Index, recorrer 10 kilómetros en la capital lleva en promedio 34 minutos: la velocidad de alguien que camina deprisa.
No es una sensación. El estudio Costo del tráfico 2026 del IMCO y Dat’s Why calcula que cada habitante del Valle de México pierde 211 horas al año atrapado en el tráfico, casi nueve días completos. Eso equivale a 10 mil 721 pesos por persona y a 81 mil 748 millones de pesos para la metrópoli, el 40% del costo nacional. Pascal Beltrán del Río reunió estas cifras en su columna de Excélsior, y vale la pena leerlas con calma.
El tiempo es libertad
Detrás de cada cifra hay algo que no se recupera: tiempo. Es tiempo que un padre no pasa con sus hijos, que un trabajador no dedica a estudiar o a emprender, que una familia no comparte a la mesa. Cuando una ciudad le quita nueve días al año a cada persona, le está quitando libertad. La libertad de desarrollarse y buscar la felicidad no se defiende solo en los discursos. También se defiende en lo cotidiano, y moverse por la propia ciudad es de lo más cotidiano que hay.
El dato más grave quizá no sea económico. Cada vez más capitalinos limitan su vida a su colonia o prefieren quedarse en casa para no sufrir el traslado. Una ciudad que obliga a sus habitantes a encerrarse ha roto algo esencial de su vida pública. Se pierde comunidad, se debilita el comercio de barrio y la vida social se encoge.
Hay responsables
Hay que decirlo con claridad: esto no es una catástrofe natural, es resultado de decisiones de gobierno. Durante más de una década la inversión en transporte público masivo ha sido marginal y el mantenimiento de lo que ya existe, deficiente. El Metro se lleva el 72% del presupuesto de movilidad de la capital, pero el transporte concesionado recibe apenas el 1%. Ahí viajan todos los días millones de trabajadores, en unidades viejas, inseguras y sin regulación efectiva.
Ese 1% retrata las prioridades de quienes han gobernado la ciudad. Se prefieren las obras vistosas y las inauguraciones a la movilidad diaria de la mayoría. A eso se suma un gobierno que tolera marchas y bloqueos permanentes en las vías principales y lo llama prudencia, cuando es abdicar de su responsabilidad.
Las consecuencias no son solo económicas. Según la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, con base en el C5, en la ciudad ocurren alrededor de 210 hechos de tránsito al día. La saturación ya es un problema de seguridad pública.
Tampoco se trata de culpar al automovilista
Es cómodo para el gobierno echarle la culpa al coche particular. Es cierto que un auto con un solo ocupante ocupa espacio y agrava el problema. Pero si mañana todos los automovilistas dejaran el coche y se subieran al Metro, al Metrobús o a los microbuses, el sistema colapsaría en minutos. No tiene la capacidad, la frecuencia ni la cobertura necesarias. Nadie va a cambiar un medio de transporte malo por otro peor. Primero hay que dar una alternativa digna y después pedir que la usen.
Lo que se puede hacer
Una ciudad gobernada con sentido común y austeridad bien entendida puede empezar por aquí:
- Rescatar el transporte concesionado. Sacar de ese 1% a los millones de usuarios que hoy viajan en condiciones indignas, con flotas renovadas, rutas ordenadas y reglas claras para los concesionarios.
- Mantener antes de inaugurar. Darle prioridad al Metro y al Metrobús que ya existen sobre los proyectos de lucimiento.
- Coordinarse con el Estado de México. El tráfico no respeta límites políticos; sin una agenda metropolitana común no habrá solución.
- Gestionar mejor el tránsito. Semaforización inteligente, horarios escalonados de carga y descarga e incentivos al trabajo a distancia donde sea posible.
- Garantizar el libre tránsito. El derecho a manifestarse no puede anular todos los días el derecho de millones a llegar a su trabajo y a su casa.
Una ciudad para vivir
La Ciudad de México merece un gobierno que entienda que el tiempo de sus habitantes vale. No es un asunto técnico reservado a especialistas en movilidad: es la libertad concreta de cada familia. Desde el PAN capitalino tenemos que poner este tema en el centro, con propuestas y no solo con quejas. Quien gobierna una ciudad que obliga a su gente a quedarse en casa no está gobernando para ella.
