Hay una pregunta que flotó en la mañanera del día siguiente en que México abría el Mundial ante el mundo y que se quedó pegada como un papel de estraza en la acera después de la lluvia: ¿quién pagó el camión?, no se preguntó, en cambio, por las fosas que siguen apareciendo en los cerros del norte, ni por las amenazas que reciben las mujeres que las buscan, ni por el porqué de esa terquedad que hace que una madre cruce medio país con una foto en la mano y una vara de madera, ni siquiera que lleva a una madre a hincarse suplicando frente a un pelotón de policías, se preguntó por el origen de los autobuses que trajeron a algunas buscadoras desde Jalisco hasta las inmediaciones del estadio, como si el verdadero misterio de México en estos días no fuera la desaparición de personas, sino quién financió el traslado de su dolor.
Uno se imagina la escena en las calles cercanas al Estadio Ciudad de México, entre el olor a hot dogs y el rumor de las cornetas, la ciudad, que sabe de espectáculos, preparaba su mejor cara: banderas, pantallas gigantes, el bullicio de quien quiere creer que todo está en orden y de pronto, entre el gentío, aparecen ellas. No con pancartas grandilocuentes, sino con fotografías plastificadas que el sol ha desteñido, Madres que caminan como quien ha aprendido a moverse en la penumbra de las comisarías y de los cerros, el poder, que administra con primor la coreografía de los grandes eventos, se incomoda, despliega policías, pregunta por los camiones, anuncia investigaciones y uno se pregunta, con esa ironía que da la calle, si no sería más sencillo —y más decente— investigar con la misma prisa las fosas que estas mujeres encuentran cuando el Estado llega tarde o no llega.
Porque hay algo antiguo en esta incomodidad, desde los tiempos de la Guerra Sucia, el Estado mexicano —de todos los colores y de todas las siglas— ha mirado con recelo a los grupos de víctimas que no se dejan traducir en clientela ni en relato oficial, no piden becas ni programas, piden algo más elemental y más peligroso para quien prefiere la estadística depurada: que se nombre la dimensión del dolor sin eufemismos, que se proteja a quien busca en lugar de cuestionar primero quién pagó su camión, que se reconozca que, mientras se celebra un Mundial, hay madres que siguen removiendo tierra en Sonora, en Sinaloa o en la mis,a CDMX, porque el Estado, en su afán de proyectar normalidad, ha preferido administrar la tragedia antes que resolverla.
La cifra oficial habla ahora de un registro histórico que supera los ciento treinta mil casos, pero que, tras una depuración técnica, deja en “vigentes” una porción mucho menor, las madres, mientras tanto, siguen entregando restos que las instituciones no habían localizado, cada hueso que aparece es una pregunta que no cabe en la gráfica de la mañanera y la pregunta de fondo —la que el poder evita formularse con toda su crudeza— es si la crisis de desapariciones es solo un legado del pasado o si sigue produciendo nuevas ausencias bajo el presente, porque el crimen organizado no lee discursos ni respeta colores de partido, se instala donde el Estado flaquea y flaquea donde la prioridad es el control del relato antes que la protección de la gente de a pie.
Uno camina por cualquier colonia de esta ciudad —las de siempre, las que no salen en las postales del Mundial— y escucha el mismo murmullo: que las madres hacen el trabajo que le corresponde al gobierno, que cuando una familia pierde a un hijo, el primer instinto del poder no es acompañar, sino clasificar, depurar, preguntar por el origen de los recursos que permitieron la protesta, hay aquí una confusión de prioridades que la calle percibe con claridad meridiana, el Estado que se dice del pueblo descubre, una y otra vez, que las expresiones más puras del pueblo —el dolor de una madre que no acepta el silencio— son también las más difíciles de administrar, prefiere sus comisiones, sus mecanismos, sus tiempos burocráticos, las buscadoras operan con otra urgencia: la de quien sabe que cada día que pasa sin respuesta es un día en el que la memoria se adelgaza y la impunidad se consolida.
Y sin embargo, ahí están, con su vara de madera y su terquedad de barrio, no se dejan comprar ni se dejan domesticar, representan algo que trasciende la coyuntura y que el poder, por más que despliegue policías o pregunte por camiones, no puede disolver: la dignidad que no se negocia, la misma que hace que una mujer cruce el país para encontrar lo que el Estado no encontró o que se presente frente a un estadio en medio de un Mundial para recordar que debajo de la fiesta, hay ausencias que ningún espectáculo puede tapar.
La pregunta que quedó flotando —“¿quién pagó el camión?”— revela, sin quererlo, el tamaño del abismo, porque el verdadero enigma de México no es quién financió el traslado de unas madres a la capital, el enigma es por qué, después de tantos años y de tantas promesas, sigue siendo necesario que las madres hagan lo que el Estado debería hacer por oficio y por decencia y por qué cuando lo hacen, la respuesta no es abrir las puertas de Palacio, sino preguntar primero por el origen de los autobuses, esa pregunta, dicha en voz alta frente a las cámaras, dice más sobre el estado de las cosas que cualquier cifra depurada, dice que el poder sigue prefiriendo administrar el dolor antes que mirarlo de frente y que las madres, con su paso lento y su foto en la mano, siguen siendo el recordatorio más incómodo y más necesario de que la primera obligación de cualquier gobierno —la de proteger la vida y cuando ya no pudo, buscarla sin descanso— sigue pendiente en los cerros, en las colonias y en las calles que el Mundial, por un rato, intentó dejar fuera de cuadro.