El término “golpe blando” ha dejado de ser una categoría política para convertirse en un recurso automático de autodefensa, pues cada vez que el gobierno enfrenta críticas por inseguridad, escándalos de colusión con el crimen organizado, protestas ciudadanas o acciones judiciales de otros países, sectores del oficialismo responden con la misma fórmula: se trata de un “golpe blando”, de modo que ya no se discute el fondo y se señala al mensajero como parte de una conspiración.
Este uso no es una distorsión menor, sino la expresión más fiel y ortodoxa del lenguaje político chavista, comunista y socialista trasnochado del siglo XXI, que nació en Venezuela como mecanismo para neutralizar cualquier oposición, crítica mediática o decisión institucional adversa, de manera que en lugar de decir “tenemos problemas y la gente se está cansando”, se decía “están intentando un golpe blando”, fórmula que permitía convertir cualquier disidencia en parte de una conspiración mayor, siempre con aroma a “imperio”, “oligarquía” y “derecha fascista”, lenguaje que Chávez perfeccionó, que copiaron Correa, Maduro y Evo, y que López Obrador importó a México hasta convertirlo en pieza central de su narrativa, de modo que lo que hoy repite Morena no es una versión degradada de ese lenguaje, sino su aplicación más pura y consistente.
Esta retórica la impulsan hoy, con notable disciplina, en la defensa del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y en voces afines al oficialismo, donde el patrón es claro: cualquier señal de desgaste o de crítica se reinterpreta como parte de un plan coordinado para desestabilizar al régimen.
La incoherencia es estructural y difícil de disimular, ya que un gobierno que controla la Presidencia, posee mayoría calificada en el Congreso, impulsó y aprobó una reforma judicial a su conveniencia y mantiene influencia significativa sobre varias entidades federativas, difícilmente puede presentarse como víctima de un “golpe blando”, pues los golpes —blandos o duros— tienen un propósito concreto: desplazar del poder a quienes lo ejercen por medios no convencionales, de modo que cuando quien denuncia el golpe ya concentra un poder institucional abrumador, la denuncia deja de ser análisis político y se convierte en mecanismo de evasión de responsabilidad.
En México los problemas son concretos y graves, desde una crisis de seguridad que no cede y la expansión territorial de grupos criminales, hasta casos documentados de protección institucional al narcotráfico y un tejido social erosionado por años de políticas que priorizaron el relato sobre los resultados, problemas que no requieren teorías conspirativas para explicarse, sino que exigen rendición de cuentas, aunque el recurso del “golpe blando” opera precisamente para evitar ese examen, desplazando el debate del qué se está haciendo mal hacia quién está atacando, maniobra que exime de autocrítica y que, con el tiempo, degrada la calidad del debate público.
El daño no es solo retórico, porque cuando un gobierno hegemónico insiste en que cualquier oposición, protesta o escrutinio mediático forma parte de una estrategia de desestabilización, está enviando un mensaje peligroso: la competencia política legítima y la crítica son, por definición, sospechosas, narrativa que erosiona las bases de la democracia al deslegitimar de antemano la disidencia, convirtiendo al adversario en enemigo y al crítico en cómplice de un complot, y que a largo plazo prepara el terreno para justificar medidas más duras contra la oposición, los medios independientes y la sociedad civil bajo el pretexto de “defenderse del golpe blando”.
Existe además una paradoja profunda que este lenguaje intenta ocultar, pues un poder que se presenta como asediado mientras concentra instituciones, recursos y capacidad de narrar la realidad, revela más debilidad que fortaleza, ya que el victimismo permanente es el recurso de quien ya no puede defender sus resultados con hechos, de modo que en lugar de reconocer que la inseguridad persiste, que hay casos de corrupción dentro de sus filas o que la población expresa descontento, se prefiere mantener viva la ficción de un movimiento heroico rodeado de enemigos, marca distintiva del autoritarismo moderno que consiste en hablar como perseguido mientras se ejerce el poder de forma hegemónica.
El “golpe blando” en su versión más fiel —la chavista— no describe una realidad, sino que cumple una función precisa: infantilizar el debate político y proteger al poder de la exigencia de resultados, de manera que mientras se siga utilizando como respuesta automática ante cualquier señal de crítica o desgaste, seguirá siendo lo que es, una herramienta de propaganda que confunde la defensa del gobierno con la defensa de la democracia y que permite eludir la responsabilidad sobre los problemas reales que México enfrenta.
Un país maduro necesita otra clase de lenguaje, uno que pueda distinguir entre oposición legítima y desestabilización real, y que asuma que la crítica y la competencia forman parte normal de la vida democrática, no de un complot permanente, pues mientras se siga recurriendo al manual chavista del “golpe blando”, México seguirá pagando el costo de una retórica que prioriza la autocomplacencia sobre la verdad.