Mañana, 20 de noviembre, el calendario oficial volverá a vestir de fiesta el mito más tenaz de nuestra historia: que en 1910 el pueblo se levantó, venció a la tiranía y nos legó justicia, tierra y derechos. Conviene mirar los números, no el desfile. La Revolución no condujo a la libertad. Condujo a una hecatombe, a una guerra de caudillos que se asesinaron entre sí y al cabo, a un régimen de partido hegemónico que gobernó el país durante 71 años.
El saldo que no cabe en el desfile
El 27 de octubre de 1910, un mes antes del alzamiento, el Tercer Censo de Población registró 15 millones 160 mil 369 habitantes. El 30 de noviembre de 1921 —único recuento en nuestra historia censal que no se hizo en un año terminado en cero, precisamente por los estragos de la guerra— el Censo General de Habitantes contó 14 millones 334 mil 780. La diferencia exacta es de 825 mil 589 personas menos. Es, hasta hoy, el único censo mexicano que ha presentado un descenso en la población total.
Esa caída es solo la superficie. El propio INEGI ha señalado que, de haberse conservado la tasa de crecimiento medio anual de 1.1 por ciento del periodo 1900-1910, la población habría llegado al menos a 17 millones en 1921. El instituto admite una posible subcobertura en 1921, pero cifra en 17 por ciento la brecha con esa expectativa.
Los historiadores y demógrafos no coinciden en una cifra única, y hay que decirlo con claridad: se trata de estimaciones. Robert McCaa, al revisar nueve estudios, sitúa las pérdidas demográficas asociadas a la Revolución en un rango de 1.9 a 3.5 millones de personas. Su propia reconstrucción —apoyada en el censo de 1930 y no en el deficiente de 1921— apunta a un costo humano de alrededor de 2.1 millones: unos 1.4 millones de muertes excedentes, cerca de 550 mil nacimientos que no ocurrieron y una emigración permanente a Estados Unidos menor a 400 mil personas, casi una quinta parte de ese costo. El precio, escribe, se pagó sobre todo en sangre mexicana.
No todas esas muertes fueron en combate. En 1915, el «año del hambre», bandas armadas destruyeron cultivos antes de la cosecha. En la Ciudad de México se reportaron ese año cerca de 25 mil defunciones, más del 5 por ciento de la población urbana: el año más mortífero de su historia moderna, peor incluso que el pico de la influenza de diciembre de 1918. La pandemia sí fue devastadora —conjeturas de la prensa de la época, recogidas por la historiografía, hablaron de 350 mil a 450 mil muertos en el país, un 2 o 3 por ciento de la población—, pero McCaa advierte que sus efectos fueron más severos precisamente donde la guerra había debilitado más a la gente y que no fue, promediada la década, la mayor asesina de esos años. La violencia, el hambre y el tifo hicieron el resto.
Se mataron entre ellos
La Revolución tampoco produjo un liderazgo que fundara una república estable. Produjo una sucesión de magnicidios. Francisco I. Madero, quien había convocado el alzamiento, fue asesinado el 22 de febrero de 1913, al cabo de la Decena Trágica. Emiliano Zapata cayó en una emboscada en la hacienda de Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Venustiano Carranza, ya presidente, fue asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalantongo, Puebla, mientras huía de sus antiguos compañeros de armas. Francisco Villa fue acribillado el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua. Álvaro Obregón, presidente electo, murió tiroteado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla, en San Ángel. La «familia revolucionaria» se devoró a sí misma.
De la Constitución a la Cristiada
Se dirá, con razón, que de esa convulsión nació la Constitución de 1917, con el artículo 123 y sus derechos laborales —jornada de ocho horas, salario mínimo, derecho de huelga— y con el artículo 27 y el mandato de repartir la tierra. Esos textos existen y no hay que negarlos. El problema es lo que vino con ellos y lo que no vino después.
La misma Carta de 1917 incorporó una ofensiva anticlerical —los artículos 3, 5, 24, 27 y 130— que negó personalidad jurídica a las Iglesias, restringió el culto, prohibió las órdenes religiosas y sometió a los sacerdotes al Estado. Cuando Plutarco Elías Calles endureció esas normas con la reforma penal de 1926 conocida como Ley Calles, los obispos suspendieron el culto y en el occidente del país miles de católicos se levantaron al grito de «¡Viva Cristo Rey!». La Guerra Cristera (1926-1929) no fue un apéndice pintoresco: fue la consecuencia armada de esa Constitución. Jean Meyer, su historiador de referencia, calculó unos 85 mil muertos, sin contar las víctimas indirectas de epidemias y hambrunas.
Así se «completó» la Revolución: con otra guerra, esta vez contra los fieles.
Tierra sin prosperidad
El reparto agrario y el ejido fueron el gran emblema de justicia social. Durante décadas la parcela no pudo enajenarse con libertad ni usarse cabalmente como garantía, lo que limitó el crédito y la inversión. Eso no es una ocurrencia de oposición: el 6 de enero de 1992 el propio Estado reformó el artículo 27, precisamente para alterar ese régimen. Si el modelo hubiera redimido al campesino, no habría hecho falta desmontarlo setenta y cinco años después. La pobreza rural no desapareció por decreto constitucional.
Tampoco es honesto pintar el Porfiriato como un paraíso. Porfirio Díaz impuso un orden autoritario, concentró la tierra y sostuvo un crecimiento «hacia afuera», impulsado por las exportaciones y el capital extranjero. Pero ese régimen también tendió una red ferroviaria que pasó de 1,074 kilómetros en 1880 a 19,280 en 1910, y dejó un país que, con todos sus vicios, crecía. La Revolución no corrigió la desigualdad con una prosperidad compartida: interrumpió ese crecimiento a un costo humano inmenso y entregó después la tierra a un arreglo corporativo que usó al campesino como clientela.
Lo que sí dejó: un partido de 71 años
El desenlace político no fue una república de ciudadanos. El 4 de marzo de 1929, en el Teatro de la República de Querétaro, Calles impulsó la fundación del Partido Nacional Revolucionario, luego Partido de la Revolución Mexicana y desde 1946, Partido Revolucionario Institucional. Ese linaje gobernó la presidencia sin interrupción hasta el 1 de diciembre de 2000, cuando Vicente Fox tomó protesta. Setenta y un años.
En agosto de 1990, en el coloquio «La experiencia de la libertad» organizado por la revista Vuelta, Mario Vargas Llosa lo dijo sin eufemismos: «México es la dictadura perfecta». No la de Castro ni la de la URSS, sino una dictadura camuflada: «la permanencia, no de un hombre, pero sí de un partido». Y un partido inamovible. Esa fue, durante tres generaciones, la heredera real de la Revolución.
Frente a ese partido nació una oposición
Ese régimen no quedó sin respuesta. Del 14 al 17 de septiembre de 1939, en la planta alta del Frontón México, en la Plaza de la República de la Ciudad de México, se celebró la Asamblea Constitutiva del Partido Acción Nacional. La convocó un comité organizador encabezado por Manuel Gómez Morín; en ella participaron, entre otros, Efraín González Luna, jefe de la delegación de Jalisco, y un grupo de ciudadanos que rechazaban el partido de Estado. Los Principios de Doctrina se aprobaron en las sesiones del 15 y 16 de septiembre. No era un partido más para repartirse el botín de la Revolución: era una asociación de ciudadanos que reivindicaba la dignidad de la persona, el bien común como fin de la autoridad, el Estado de derecho y un gobierno que fuera expresión auténtica de la Nación, no el capricho de un hombre o de un grupo.
Esa fundación fue una respuesta directa al régimen que el PNR, ya convertido en PRM, había institucionalizado: la lucha de clases como doctrina, el corporativismo de sectores y en 1934, la reforma del artículo 3º que impuso la «educación socialista». Los principios de 1939 lo dijeron sin rodeos: las doctrinas que fincan la solución de los problemas sociales en la lucha de clases son falsas; el Estado no puede ser instrumento de una clase contra las demás; no tiene dominio sobre las conciencias; y la enseñanza es deber suyo, pero nunca monopolio, ni pretexto para la propaganda sectaria o partidista. Gómez Morín había escrito que había que empeñarse en un régimen que impidiera el acceso al poder por medio del fraude o de la mentira, y en un gobierno democrático.
No fue un camino corto ni cómodo. Durante décadas esa oposición civil contendió en un terreno desigual, sin el aparato del Estado y con el fraude como horizonte habitual. En 1946 obtuvo sus primeras cuatro diputaciones federales. En diciembre de ese mismo año logró su primera presidencia municipal, en Quiroga, Michoacán, con Manuel Torres Serranía. El 2 de julio de 1989, con Ernesto Ruffo Appel, alcanzó en Baja California la primera gubernatura de oposición reconocida en el México contemporáneo. El 1 de diciembre de 2000, un presidente emanado de ese partido, Vicente Fox, puso fin a los 71 años de hegemonía presidencial del linaje PNR-PRM-PRI.
No es una hagiografía: es el recordatorio de que, frente al partido que nació de la Revolución y se volvió Estado, hubo quienes eligieron la vía ciudadana, larga y a menudo ingrata, de la oposición legal.
Mañana habrá desfiles, discursos y una retórica de «justicia social» que ya tiene más de un siglo. Está bien recordar a quienes padecieron el Porfiriato y a quienes soñaron otra República. No está bien convertir una tragedia en origen sagrado del poder. Una revolución que deja más de un millón de muertes excedentes, caudillos asesinados por los suyos, una guerra religiosa y setenta y un años de partido hegemónico no es un triunfo que se celebre: es una deuda que se mira de frente.
Se hace la Revolución, se levanta un monumento… ¿y al día siguiente qué? Queda la pregunta, y quedan los ausentes. Queda, también, la memoria de quienes no se resignaron a que un solo partido hablara en nombre de la Nación.
