Plan México: buenas intenciones sin capacidad de cumplirlas

Es una costumbre de nuestra vida pública: elaborar planes repletos de buenas intenciones y presentarlos como si el anuncio bastara. Un plan no es una política. Una proyección no es un contrato. Y una gira no sustituye la tesorería, el Estado de derecho ni una diplomacia coherente con el tratado que sostiene gran parte de nuestra economía.

Esos 432 mil millones son una previsión a seis años, no recursos firmados ni financiamiento asegurado en Shenzhen. Incluyen 42 mil millones para generación eléctrica, 17 mil para transmisión y distribución, 43 mil para vías férreas —cerca de 2,500 kilómetros previstos, incluido el Corredor Interoceánico— y 62 mil para carreteras y puertos, además de gasoductos y vivienda. Son rubros deseables. El problema empieza cuando se los confunde con hechos consumados. En enero de 2025, al lanzarse el Plan México, el gobierno habló de otro portafolio: 277 mil millones de dólares y unos 2 mil proyectos empresariales. No son bolsas que deban sumarse a la ligera. Un gobierno serio publicaría, proyecto por proyecto, lo aprobado, lo contratado, lo ejercido y el avance físico.

El Mexico Investment Monitor de Deloitte Econosignal registró 286 mil 300 millones de dólares en inversiones anunciadas en México entre enero de 2023 y junio de 2026. Apenas 11.3 por ciento se ha materializado en proyectos que ya operan; 42 por ciento está en construcción y 46.6 por ciento permanece en etapa de anuncio. En el primer semestre de 2026 los anuncios se enfriaron: fueron 73, 55 por ciento menos que un año antes, con un valor 20.7 por ciento inferior. La consultora apunta a la incertidumbre comercial y a la revisión del T-MEC.

Si los proyectos avanzan con lentitud, no es un misterio. Alejandra Macías, investigadora externa del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, explicó que se atrasan por la incertidumbre de los inversionistas: no hay contratos claros y el gobierno puede cambiar las reglas de un día para otro. Los cambios en el Estado de derecho, dijo, «no son un buen augurio». La inversión privada y la pública —esta última limitada hoy por el presupuesto y el déficit— no responden a eslóganes. Responden a reglas estables, a la propiedad respetada, a tribunales confiables y a una administración capaz de tramitar sin arbitrariedad. Sin esa capacidad jurídica y administrativa, el plan se queda en decreto.

Lo mismo ocurre con las cifras que el gobierno presenta como aval del plan. La Secretaría de Economía reportó un máximo histórico de 34,968 millones de dólares de IED en el primer semestre de 2026 y lo atribuyó, entre otras cosas, a las directrices del Plan México. El desglose cuenta otra historia: 88.5 por ciento (30,957 millones) fue reinversión de utilidades de empresas que ya operaban en el país; las inversiones nuevas fueron apenas 2,726 millones —7.8 por ciento del total— y cayeron 13.4 por ciento respecto a 2025. Gonzalo Aguilera, del IMEF, advirtió este 18 de noviembre que las proyecciones de 432 mil millones no se reflejan en la llegada de nuevos capitales y que hay que leer con cuidado el «récord».

Hasta el mapa de lo que sí avanza contradice parte del discurso. De los 100 parques industriales prometidos para el sexenio, van 40, con 1,400 millones de dólares de 26 desarrolladores en 14 entidades. La mayor concentración no está en el sur-sureste que el plan dice reequilibrar: Nuevo León suma 13, la Ciudad de México 8 y Baja California 4. No se trata de oponerse a esos parques: hacen falta. Se trata de no vender como justicia regional lo que, hasta ahora, reproduce la geografía de siempre. Un polo anunciado o una primera piedra no equivalen a agua, energía confiable, seguridad y proveeduría local.

La dimensión más delicada es la diplomática. En Shenzhen, México y China hablaron de una «nueva era de cooperación» mientras se invitaba a participar en esa bolsa de inversión. Al mismo tiempo, el desequilibrio con el gigante asiático es el mayor de que se tiene registro anual: el déficit cerró 2025 en 123,051 millones de dólares. Entre enero y septiembre de 2026, el intercambio llegó a 117,080 millones —12.8 por ciento más que un año antes—; México compró 105,979 millones y vendió 11,101, con un déficit de 94,878 millones. Washington, en la revisión del T-MEC, busca endurecer las reglas de origen y evitar que mercancías o insumos chinos usen a México como puerta de entrada al mercado estadounidense. Apostar a atraer capital y tecnología de Asia no puede hacerse a costa de la certidumbre del tratado que sostiene las cadenas de valor de las que vivimos. Una diplomacia sin claridad estratégica —jugar a dos bandas sin capacidad de sostener ninguna— termina por retrasar, como ya advierte Deloitte, las decisiones de quien sí podría invertir.

En estas condiciones, es imposible que México llegue a ser la décima economía del mundo. No se llega ahí con un catálogo de intenciones que se contradicen y se contraponen unas con otras: cortejar a Pekín mientras se negocia con Washington, prometer el sur mientras la inversión se queda en el norte, presumir certeza mientras se cambian las reglas del juego. Se llega con un plan verdadero, con metas medibles, financiamiento real, instituciones técnicamente capaces y una diplomacia que sepa qué defiende.

Gobernar no es enumerar metas hasta 2030. Es medir, antes de prometer, si el Estado tiene presupuesto, contratos, energía, agua, seguridad jurídica y una política exterior coherente. El Plan México puede contener propósitos razonables: más contenido nacional, mejor infraestructura, empleo en manufactura. Las buenas intenciones, empero, no sustituyen la capacidad. Un país serio publica el avance, admite lo que no está financiado, cuida el Estado de derecho y no confunde una tribuna en el extranjero con una inversión que ya llegó. Mientras eso no ocurra, el plan seguirá siendo lo que hoy es: un catálogo de deseos presentado como destino.