El sábado salió de Almoloya una camioneta blanca. No era un cortejo. Era un trámite con escolta. Dos unidades de la Guardia Nacional tomaron la carretera hacia el noroeste: Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Culiacán, Hermosillo, Mexicali, Ensenada. Casi dos mil setecientos kilómetros. Treinta y dos horas en unos recuentos; cuarenta en otros. Un hombre de setenta y cuatro años, operado de cadera, recorrió de noche el país que alguna vez gobernó un estado. Lo habían llevado al Altiplano en avión. Lo devolvieron por tierra.
Esta mañana llegó a su casa. Lo esperaban la hija, vecinos, banderas, el grito de que no está solo. El proceso, dice la Fiscalía, no se detiene. La videollamada diaria empieza. El expediente sigue abierto. Quien sea culpable debe pagar. Quien no lo sea debe ser absuelto con pruebas, no con corridos. Eso vale para Ruffo y para cualquiera.
Lo que no vale —y aquí empieza lo que los partidos no quieren oír— es convertir ese convoy en la única carretera visible.
Porque México está lleno de traslados que no tienen mapa en el noticiero. No hay puntos ciudadanos de observación en la fila del Reclusorio Norte. Nadie pide fotografiar el paso de un autobús de internos entre un penal estatal y otro. Nadie discute si a un Martínez de cuarenta años, con un hijo en primaria y un expediente que lleva dieciocho meses sin sentencia, le correspondía avión o asfalto. El Estado vuela al trofeo y conduce al trámite. El signo es el apellido. La estructura es el hábito.
Al cierre de 2025 había en el país 231 mil 436 personas privadas de la libertad. 97 mil 722 no tenían sentencia: cuatro de cada diez. La mitad de esos adultos sin fallo cumplía prisión preventiva oficiosa. Entre las mujeres, más de la mitad sigue esperando que un juez diga su nombre en una sala. En el Estado de México y en Michoacán, la totalidad de los presos sin sentencia estaba bajo esa medida. No es un rumor de oposición. Es el censo.
Esos no se llaman Ruffo. Se llaman Sánchez, Gutiérrez, Martínez, González. El directorio de la República. El apellido que cabe en cualquier casilla, en cualquier colonia, en cualquier lista de visita del domingo.
Hay Ruffos sin Ruffo. Hombres que esperan años un juicio que no llega. Mujeres que entran por un delito menor y salen, si salen, con la familia ya deshecha. Hijos que aprenden el vocabulario de la visita antes que el de la escuela. Gente a la que no se le niega solo la libertad: se le niega el nombre. Nadie cita su caso en tribuna. Nadie organiza la conferencia. Nadie pregunta cómo duermen, qué comen, quién les pega, qué derecho se les vence en el pasillo.
La oposición tiene derecho a indignarse por Ruffo. Un exgobernador en el Altiplano, dos meses entre criminales de otro calibre, y luego un viaje de dos días por carretera cuando la ley ya le había abierto la casa, es una escena que ofende la medida. Ofende la prisa. Ofende el teatro. Ofende que la prisión preventiva oficiosa —esa condena que se cumple antes del veredicto— se administre con odio político. Decirlo no es defender a un hombre. Es señalar una máquina.
Pero la máquina no la inventó un solo partido. Y no la denuncia, de verdad, ninguno.
Morena descubre la dignidad del procesado cuando el procesado es propio, o cuando el propio ya no sirve de ejemplo. El PAN descubre el debido proceso cuando el apellido milita. El PRI, que durante décadas llenó penales con la misma oficiosidad que hoy reprueba, habla de Estado de derecho como quien habla de una casa que ya no habita. Movimiento Ciudadano, PT, Verde y los sellos nuevos que nacen cada seis años: todos tienen en la punta de la lengua la palabra justicia y ninguno tiene en la agenda al Gutiérrez que no suma en encuesta. La indignación es un recurso. Se gasta en el nombre que ya conocen las cámaras.
Hay una paradoja pobre y muy mexicana: el presunto inocente famoso nos recuerda que existe la presunción de inocencia; el presunto culpable anónimo nos recuerda que, para el resto, esa presunción cabe en un cajón. El país no discute la cárcel. Discute al preso que puede usarse. Por eso el convoy de Ruffo se pudo seguir pueblo por pueblo, y la lista del Inegi cabe en un párrafo que nadie cita en mitin.
La decencia no consiste en gritar más fuerte por el que ya tiene abogados, partido y hija frente al portón. Consiste en no esperar a que el preso tenga escolta para preguntar si el Estado está juzgando o está enviando mensajes. Consiste en que un Martínez sin micrófono merezca el mismo escrúpulo que un Ruffo con mapa. Consiste en que la carretera deje de ser noticia solo cuando lleva un apellido que ya sabíamos pronunciar.
Ruffo llegó. La casa está vigilada. El juicio sigue. Eso es lo que la ley, esta vez, alcanzó a decir.
En otra puerta, a esta misma hora, una mujer entrega una bolsa y un nombre que no saldrá en la radio. Sánchez. Gutiérrez. Martínez. González. El convoy de ellos no se sigue. No porque no exista. Porque no conviene.