Esta mañana, en más de una cocina, el café se sirvió con el volumen bajo. En la pantalla, un hombre de traje hablaba desde un salón de mármol en Nueva York y pronunciaba la palabra México como quien señala un punto en un mapa de operaciones. Abajo, en la calle, el puesto de fruta ya había abierto y una señora preguntaba el precio del plátano sin levantar la vista. Nadie en esa acera discutía si éramos o no el epicentro. Solo se calculaba, otra vez, a qué hora convendría cerrar.
Donald Trump dijo ante la Asamblea General que México es el epicentro de la violencia de los cárteles. Que resulta inaceptable compartir dos mil millas de frontera con un territorio controlado por enemigos. Que esos grupos son el ISIS del hemisferio, que usan el asesinato, la violación, la tortura y la extorsión como instrumentos, y que deben ser tratados como combatientes enemigos. Añadió, casi en el mismo aliento, que tiene una muy buena relación con el gobierno mexicano, que se han logrado grandes avances y que ellos tampoco quieren a los cárteles. La seguridad, prometió, llegará.
El gesto es típico del vecino que descubre el incendio cuando el humo ya le llega a la ventana. No es nuevo el diagnóstico. Quien recorre ciertas carreteras, ciertos municipios, ciertas colonias de esta ciudad lo lleva en el cuerpo desde hace años: hay pedazos de México donde el Estado no manda, o manda a medias, o manda a través de intermediarios que cobran peaje. Llamarlo “epicentro” puede ser una grosería diplomática. Negarlo por el tono de quien lo dice es otra forma de lujo.
La pregunta no es si Trump tiene derecho a nombrarlo en la tribuna más alta. La pregunta es qué hacemos nosotros con el mapa que ya conocíamos. Porque el “y luego qué” no se resuelve con la indignación nacionalista de costumbre ni con la esperanza de que el vecino haga el trabajo sucio que el propio Estado ha pospuesto.
Hay quienes oyen “epicentro” y solo perciben injerencia. Hay quienes oyen “recuperar el control” y solo perciben la amenaza de tropas ajenas. Ambos se quedan en el signo y evitan la cosa. La cosa es más simple y más dura: un país que no monopoliza la fuerza en su propio suelo no es soberano, por más que recite la palabra soberanía en cada conferencia. La soberanía no se defiende con comunicados. Se defiende con fiscales que imputan, jueces que sentencian, policías que permanecen, cárceles que detienen —no que guardan un rato— y un Estado que no negocia el territorio a plazos.
Eso, sin embargo, no cabe en un acto histórico. Si cada cateo, cada detención, cada traslado a un penal debe ser televisado para que el país “vea que sí se está actuando”, no hay forma de erradicar el mal que a todos nos perjudica. Lo que necesita cámara para existir no es gobierno: es representación. En la sala, la familia escucha la palabra histórico y asiente; a la mañana siguiente el mismo motociclista pasa por la misma esquina y nadie convoca a otra cadena nacional para explicarlo. El crimen organizado no se desalienta con el anuncio de las ocho. Se desalienta cuando el que cobra piso deja de aparecer y el silencio, por una vez, no es complicidad sino resultado. Mientras la acción del Estado dependa de ser memorable, el trabajo oscuro —el que no tiene narrador, el que se mide en semanas sin el mismo sicario en la banqueta— queda aplazado. Y lo aplazado, en este oficio, se cobra en las calles.
Trump puede ser brusco, interesado y selectivo. El mercado de las drogas existe porque hay demanda al norte y precursores que cruzan océanos. Nada de eso absuelve la dejadez de este lado. Tampoco absuelve la tentación de tratar el crimen como un malentendido social o como un exceso de celo punitivo. El abrazo no desarma al que ya tomó el pueblo. El discurso de “ellos tampoco los quieren” no sustituye el trabajo de desmontarlos. Una sentencia que se evapora en el primer recurso no es justicia: es un trámite. Un operativo que solo ocurre cuando hay luces y un relator tampoco lo es.
Hay una vanidad específica en gobernar para el recuento. Consiste en confundir la prueba de que se actúa con la actuación misma. El país que solo cree en el Estado cuando lo ve en pantalla ya ha entregado, sin saberlo, una parte del monopolio de la fuerza: la ha cedido al relator. El mal que nos perjudica a todos —el que encarece el transporte, cierra el negocio, enseña a los niños el horario del miedo— no se rinde ante la puesta en escena. Se rinde, si acaso, ante la repetición ingrata: el expediente que no se pierde, la reja que no se abre a las tres, el policía que sigue ahí cuando ya no hay micrófono.
Lo que permanece, mientras tanto, es más cercano que cualquier tribuna y más terco que cualquier noticiero. La hija que ya no sale sola por el pan. El changarro que cierra antes de que oscurezca. El mismo rostro que ayer estaba “procesado” y hoy vuelve a la esquina. La plaza que sigue vacía al anochecer aunque por la mañana se haya declarado una jornada memorable. Eso no es narrativa. Es el costo diario de un Estado que aún no ha decidido si el territorio —y las puertas que deberían permanecer cerradas— le pertenecen del todo, o solo cuando alguien filma.
El vecino puede seguir señalando el hueco. Nosotros podemos seguir discutiendo si el dedo es grosero o si el operativo salió bien en pantalla. O podemos, por una vez, dejar de mirar la tribuna y volver a la esquina donde el puesto de fruta cierra más temprano cada temporada. Ahí no hay ONU ni cadena nacional. Solo la pregunta que no se va: ¿quién manda, de verdad, cuando anochece y ya no hay cámaras?