Hay mañanas en que el recibo del banco llega antes que el café. Uno lo abre con la misma indiferencia con que se mira el cielo nublado: ya se sabe lo que dirá. El número detenido en la cuenta corriente, el concepto genérico de “impuesto sobre la renta”, la certeza de que ese dinero salió y no volverá en forma de calle mejor, de hospital menos saturado ni de policía que llegue a tiempo. Ese dinero, simplemente, se fue.
Ahora sabemos hacia dónde. En el primer semestre de 2026 el gasto en pensiones —contributivas y no contributivas— alcanzó 1.13 billones de pesos, el 71.9 por ciento de todo lo recaudado por el ISR. En 2018 la proporción era del 46.6 por ciento. Mientras la recaudación real del impuesto caía 6.2 por ciento, el gasto en pensiones crecía 5.3. La tijera se abre en silencio.
Pero el dato no se detiene en las pensiones. Al lado de los 831.7 mil millones de las contributivas y de los 298.8 mil millones de las no contributivas (Pensión para Adultos Mayores y la ya casi triplicada Pensión Mujeres Bienestar) aparecen otros 185 mil millones destinados a “otros programas del Bienestar”. En conjunto, el bloque de gasto rígido —pensiones, programas sociales no contributivos y costo financiero— absorbió casi el 70 por ciento de los ingresos tributarios del semestre. El Estado se ha convertido, en buena medida, en una máquina de transferencias.
Lo curioso no es el volumen. Lo curioso es el signo. Las pensiones contributivas todavía responden, aunque de forma cada vez más costosa, a cotizaciones previas. Las no contributivas y el resto de los programas del Bienestar, en cambio, son decisiones de política pública elevadas a derechos casi irrevocables. Ya no se discuten en el presupuesto anual; se asumen como compromisos permanentes. La generosidad se volvió rigididez.
Hay una paradoja delicada aquí. Se nos dice que esta expansión es justicia, dignidad garantizada, solidaridad del Estado con los más vulnerables. Y en el corto plazo lo parece: una cantidad entra cada mes a la cuenta de alguien que la necesita. Pero el signo apunta en otra dirección. Cuando la principal fuente de ingresos vinculada al trabajo formal se destina de manera creciente a transferencias que no exigen cotización previa ni están ancladas a la productividad de la economía, el Estado deja de administrar recursos comunes y se transforma en distribuidor permanente de promesas. El margen para seguridad real, infraestructura, educación de calidad o reducción de burocracia se estrecha hasta casi desaparecer.
Chesterton habría sonreído con esa melancolía suya: el hombre que se empeña en ser tan generoso con el presente que termina empobreciendo el futuro. Porque alguien tendrá que pagar esas pensiones y esos programas dentro de veinte años. Y ese alguien todavía no ha nacido, o apenas está aprendiendo a caminar por las banquetas de la ciudad, o ya trabaja en la formalidad y ve cómo su ISR se va, mes tras mes, sin regresar en forma de bienes públicos tangibles.
No se trata de oponerse a la protección de los mayores ni a la ayuda a quien la necesita. Se trata de reconocer que convertir una política en derecho constitucional o en gasto rígido sin anclarla a la capacidad real de la economía es una forma elegante de hipotecar a los que vienen detrás. Es la solidaridad que no cotiza. El bienestar que se come el impuesto. El presente que se apropia del margen de maniobra del mañana.
Uno termina el café, guarda el recibo y sale a la calle. El ruido de siempre. Los mismos semáforos. La misma sensación de que el dinero que se detuvo en la cuenta corriente sigue circulando, sí, pero ya no regresa en forma de ciudad habitable. Solo se redistribuye en una promesa que crece más rápido que la capacidad de sostenerla.
¿Hasta dónde puede subir esa proporción antes de que el signo deje de significar solidaridad y empiece a significar agotamiento?