En la esquina, junto al puesto de fruta, hay un letrero descolorido que prohíbe vender ahí. El vendedor lo conoce de memoria. Lo ve todos los días mientras acomoda las cajas, a veces de reojo, a veces sin mirarlo. Nadie ha venido a quitarlo y nadie ha venido a multarlo. El letrero sigue en su lugar, como si con estar ahí bastara para ordenar la banqueta. Enfrente, el dueño de un local paga el predial, tramita su permiso, da de alta a sus empleados y cierra a la hora que marca otro papel. Los dos comparten el mismo tramo de calle, pero sólo uno carga todos los días con el costo de que las normas existan.
No escribo esto contra el vendedor. Él hace lo que puede para llevar dinero a su casa, y en su lugar muchos haríamos lo mismo. Escribo porque, como empresario, he estado del otro lado del mostrador muchas veces: llenando formatos, esperando una firma, pagando una verificación que nadie vino a hacer. Y he aprendido algo que no enseña ningún curso: en esta ciudad, una ley que no se aplica no es neutral. Siempre le cobra a alguien, y casi siempre al que intentó cumplirla.
Esa distancia entre el letrero y lo que pasa debajo de él no es un detalle administrativo. Es la forma en que la ley se queda sin sentido. ¿De qué sirven tantas leyes, reglamentos y normas si no se cumplen? De muy poco, y a veces de menos que nada. El texto existe: se cita en los discursos, se cuelga en las oficinas, se guarda limpio en un cajón. Lo que falta es una consecuencia segura para quien lo ignora. Sin esa consecuencia, la norma deja de ser un límite para todos y se vuelve una manera de escoger a quién se le aplica. El que no tiene tiempo, contactos ni margen para negociar trata de cumplir y paga el trámite, la espera y el riesgo. El que sí los tiene calcula qué tan probable es que alguien se fije, y sigue adelante. El papel queda intacto y la vida diaria se acomoda alrededor de quien puede esquivarlo.
La paradoja es casi cruel. Mientras más reglas hay sin nadie que las vigile, más difícil es vigilar las que de verdad importan, y más fácil resulta anunciar una nueva. Cada reglamento abre un hueco: un horario que se puede flexibilizar, una inspección que se puede posponer, una excepción que se puede pedir, una multa que se puede arreglar. El exceso de normas no corrige el incumplimiento, lo vuelve parte del sistema. Y entonces producir más papel le conviene al político, porque anunciar una regla nueva parece trabajo y no exige lo difícil: la disciplina, el presupuesto y la voluntad de hacer cumplir las pocas que ya existen. El ciudadano deja de preguntarse qué está permitido y empieza a preguntarse qué tan probable es que le toque a él. Esa pregunta cuesta mucho. Encarece el crédito, desanima a quien quiere formalizarse, castiga al que se registra y premia al que se esconde. El orden deja de ser una regla para todos y se vuelve un privilegio que se administra.
Los países que han logrado prosperidad durante décadas no la consiguieron por tener pocas leyes. La consiguieron porque unas cuantas se cumplen siempre, y con eso la gente puede organizar el resto de su vida sin que el Estado tenga que prever cada paso. Donde se respeta la propiedad, se cumplen los contratos y la violencia se contiene, las familias pueden planear, los negocios pueden invertir y los vecinos pueden asociarse sin pedir permiso para todo. Una norma clara y aplicada genera confianza. Mil normas aplicadas a medias generan cálculo y cinismo. Cuando las instituciones son débiles, tapan su incapacidad de hacer cumplir lo esencial multiplicando lo accesorio. El papel se vuelve una señal de buena voluntad, la calle sigue haciendo otra cosa y la diferencia la paga el que ya estaba cumpliendo.
Hay además un daño que no aparece en ninguna cifra. Cuando el que cumple ve que cumplir no sirve, algo se rompe en la comunidad. El hijo que ve a su padre pagar todo a tiempo mientras el de al lado no paga nada aprende una lección amarga sobre lo que vale la honradez. La confianza entre vecinos, que es lo que de verdad sostiene una colonia, se desgasta poco a poco. Ninguna ley nueva repara eso. Lo repara que la ley que ya existe signifique lo mismo para todos.
Para cerrar esa distancia no hace falta una ley contra las leyes inútiles, ni otro anuncio de orden. Hace falta, primero, decir con claridad qué reglas se van a aplicar de verdad: las que protegen la vida del que camina, la propiedad del que paga y el trato justo al que trabaja. Las demás pueden simplificarse o desaparecer. Después, se puede medir, colonia por colonia, qué se denuncia y qué se resuelve, y publicar la diferencia con el mismo entusiasmo con que se inauguran las obras. Y quienes cumplimos, los comerciantes, los vecinos y las familias, podemos exigirle a cada autoridad y a cada candidato una sola cosa medible: menos reglas anunciadas y más reglas cumplidas. Nada de eso arregla la ciudad de un día para otro. Pero hace más caro, en votos y en vergüenza, seguir dejando el letrero colgado mientras debajo se decide quién carga con la norma y quién no.
El vendedor termina de acomodar las cajas. El dueño del local de enfrente baja la cortina a la hora exacta. El letrero sigue ahí, descolorido y sin consecuencias. La banqueta también.