Hay padres que no gritan en las plazas. Cierran la puerta de su casa al final del día y, en el silencio de esa casa, hacen algo que el Estado nunca podrá copiar del todo: transmiten. No solo enseñan a leer o a sumar. Transmiten un modo de mirar el mundo, un sentido de lo que merece respeto, una idea de lo que es decente y de lo que no lo es. Ese acto cotidiano es el núcleo de la libertad parental.
Cuando ese mismo padre escucha que el Estado invoca el “interés superior del menor” para decidir qué valores, qué visiones de la sexualidad o qué idea de la persona deben enseñarse a sus hijos, algo se rompe. No es una discusión técnica sobre pedagogía. Es una disputa sobre quién tiene el derecho primero de formar a un niño.
El concepto jurídico suena neutral y protector. Pero funciona como una llave maestra. Al ser indeterminado, permite que cualquier autoridad decida qué es “superior” en cada momento. Una vez aceptado ese principio, la libertad de educar deja de ser un derecho primario y se convierte en un permiso condicionado.
Ahora esa misma lógica se extiende a las pantallas y a las redes. Se anuncia la necesidad de regular el acceso de los menores a internet y a las redes sociales. Se habla de protección y de salud mental. El problema existe, nadie lo niega. La cuestión es quién tiene la autoridad para decidir cómo enfrentarlo.
El Estado se presenta otra vez como el gran tutor. Como si los padres fueran demasiado débiles o demasiado negligentes para poner límites en su propia casa. Así, lo que debería ser un juicio parental —cuánto tiempo, con qué supervisión, bajo qué criterios— se convierte en materia de política pública. El padre deja de ser el primer regulador de la vida digital de su hijo y pasa a ser un ejecutor de lineamientos ajenos.
Hay una inversión profunda en esta pretensión. El Estado se declara más responsable precisamente porque no carga la responsabilidad concreta. No se desvela cuando el niño tiene fiebre. No arrastra las consecuencias de una formación fallida durante décadas. Puede equivocarse y rotar de cargo. El padre, en cambio, no tiene esa comodidad. Si se equivoca, el error lleva su apellido.
Esta lógica no se detiene en los casos graves de abuso. Se extiende hacia la educación cotidiana y hacia el entorno digital. El Estado ya no se contenta con garantizar que el niño aprenda a leer. Quiere formar su conciencia y administrar su atención. Y cuando los padres se resisten, se les recuerda que el interés superior del menor está por encima de sus convicciones.
Uno no niega que existan padres que fallan. Cuando el daño es real, la autoridad debe actuar. Pero convertir la excepción en principio de gobierno es otra cosa. Es transformar a todos los padres en sospechosos y al Estado en tutor permanente de la conciencia y del tiempo infantil.
La libertad de educar no es un capricho. Es la expresión más concreta de la responsabilidad parental. Incluye el derecho a decidir qué se enseña y también el derecho a poner límites en la casa, a regular el uso de las pantallas, a equivocarse y a corregir. Sin esa libertad, la familia queda reducida a una unidad de cuidado material, mientras la formación del carácter y de la mirada se traslada a la esfera pública.
Por eso la frase “con mis hijos no” no es un grito de guerra. Es la defensa de un orden concreto: quien engendra y cría tiene el derecho primero —y el deber primero— de formar. También de decidir lo que ocurre dentro de su casa, incluidas las pantallas. El Estado puede proteger al niño del abuso. No puede sustituir a quienes lo cargan todas las noches.
Hay intereses que solo se entienden cuando la casa está en silencio y el niño duerme en la habitación de al lado. Esos intereses no se administran desde un decreto. Se cargan. Y mientras alguien los cargue de verdad, el Estado hará bien en recordar que su papel es subsidiario, no soberano sobre el alma ni sobre el tiempo de los hijos ajenos.