El sarampión como síntoma de una gobernanza que se desentiende o quizá de una que prefiere el espectáculo a la guardia silenciosa, se extiende hoy por la Ciudad de México con una terquedad que ya no sorprende tanto como entristece, porque en los módulos de vacunación del Parque de los Venados, en Benito Juárez, cientos de padres hacen fila bajo el sol de febrero, con niños en brazos que podrían haber evitado este riesgo si la prevención no hubiera sido postergada por agendas más vistosas y uno se pregunta si esta es la forma en que queremos que el gobierno funcione, donde la desidia, la falta de profesionalismo, la poca empatía con el pueblo es lo que necesitamos, o si por el contrario, hemos llegado a normalizar que el Estado se comporte como un anfitrión distraído que llega tarde a su propia fiesta.
La cifra ya roza los mil casos acumulados en la capital desde el brote que se reactivó, con defunciones que suman ya varias en el país —incluida al menos una confirmada aquí— y sin embargo la respuesta oficial oscila entre la declaración tranquilizadora y la jornada masiva que parece más correctivo que estrategia sostenida, como si el virus, prevenible desde hace décadas, hubiera elegido este momento para recordarnos que las narrativas de transformación absoluta no inmunizan contra lo concreto: una madre que pierde a su hijo por una enfermedad que la ciencia había casi desterrado no encuentra consuelo en discursos sobre voluntad popular o en la promesa de que todo se controlará, porque el control, querido lector, no se decreta en mañaneras; se construye en campañas continuas, en logística impecable, en confianza ganada gota a gota con hechos, no con consignas.
Y aquí radica la contradicción que envuelve el aire como el humo de un brasero olvidado: se proclama empatía con el pueblo en cada tribuna, se invoca al pueblo como fuente infalible de legitimidad, pero cuando el pueblo —ese mismo que lleva a sus hijos a vacunarse en medio del caos vial y la incertidumbre— pide profesionalismo en lo básico, la respuesta es reactiva, tardía, casi como si la prevención fuera un lujo ideológico y no un deber elemental de cualquier autoridad que se precie de cuidar la vida, la familia, el orden mínimo que permite que una ciudad como esta, con su pulso inagotable de familias trabajadoras, siga latiendo sin miedo innecesario, la libertad responsable, esa que defiende el individuo sin olvidar al prójimo, exige que el Estado no sea un espectador piadoso ante el regreso de males erradicables; exige que sea el primero en asumir la responsabilidad colectiva, sin excusas, sin minimizaciones que suenan a eco de errores pasados.
Pienso en esas filas interminables, en los padres que dejan el trabajo por unas horas para proteger a los suyos, y me pregunto cuántos de ellos habrán dudado alguna vez de las instituciones precisamente porque vieron cómo se priorizaban otras batallas —más mediáticas, más electorales— mientras la salud pública se dejaba en segundo plano, como si la dignidad humana pudiera esperar el turno que le corresponda en el calendario de reformas. La familia, ese primer y último reducto donde lo universal se traduce en lo concreto, merece más que jornadas esporádicas; merece un sistema que no la obligue a improvisar la protección de sus hijos, que no la exponga a la ruleta de la desinformación o de la burocracia lenta.
No se trata de indignación estentórea, ni de acusar con dedo tembloroso; se trata de observar con la calma del que ha visto repetirse el ciclo: el entusiasmo por grandes narrativas que prometen redimir todo de golpe y luego el silencio ante las grietas cotidianas que terminan costando vidas, la CDMX, con su mezcla única de tradición y vértigo, no necesita mesianismos; necesita orden social responsable, profesionalismo que no se negocia, empatía que se mide en acciones y no en retórica. Fortalecer las cadenas de suministro de vacunas sin desabasto, educar sin condescendencia a quienes dudan por desinformación acumulada, involucrar a la sociedad civil —incluidas esas comunidades parroquiales que siguen siendo el tejido moral de barrios enteros, pese a quienes las caricaturizan— en una prevención permanente, revisar con rigor la logística para que ninguna dosis se pierda en el camino de la ineficiencia.
Porque si esta es la forma en que queremos que el gobierno funcione, entonces hemos aceptado que la desidia sea el precio de la fe política absoluta, que la falta de empatía sea el reverso inevitable del culto al carisma, que el pueblo —al que tanto se invoca— sea el que pague las consecuencias de decisiones que no lo consultaron en lo esencial, pero sospecho que no lo queremos así, que en el fondo seguimos creyendo que lo permanente —la vida protegida, la familia resguardada, la libertad que no se confunde con desorden— vale más que cualquier promesa de paraíso inmediato.
Al final del día, mientras el sol cae sobre las avenidas atascadas y los módulos siguen atendiendo, uno cierra los ojos y se pregunta si no será hora de releer lo básico con ojos nuevos: que gobernar no es solo proclamar, sino cuidar y que cuidar empieza por no dejar que lo prevenible se convierta en tragedia evitable.