En la exposición de motivos que la presidenta Claudia Sheinbaum adjuntó a su iniciativa de reforma electoral, recibida por la Cámara de Diputados el 4 de marzo de 2026, se despliega un relato que, con la solemnidad de quien traza una línea recta desde los Sentimientos de la Nación de Morelos hasta las urnas de 2024, sugiere sin decirlo con crudeza pero con la insistencia de quien sabe que el significante basta para impregnar el aire, que entre la consumación de la Independencia en 1821 y el triunfo arrollador de la Cuarta Transformación en 2018, México no existió en sentido pleno o existió solo como sombra, como simulación democrática, como etapa neoliberal oscura donde la soberanía popular fue secuestrada por cúpulas, fraudes supuestos —1988, 2006, 2012— y una alternancia que no fue sino rotación de élites disfrazada de pluralismo, un largo interludio de impostura que solo ahora, con el humanismo mexicano elevado a principio rector y la austeridad republicana como virtud moral, comienza a disiparse para que la nación se realice verdaderamente.
El texto, prolijo en referencias históricas que van desde el Acta de Independencia hasta las Constituciones de 1857 y 1917, califica el periodo previo a 2018 como mera prehistoria redimida por el mandato popular de ese año y con mayor contundencia, por el de 2024, como si la verdadera soberanía hubiera estado en hibernación durante casi dos siglos, esperando el momento en que un movimiento, interpretando la voluntad mayoritaria como dogma infalible, pudiera devolverle al pueblo lo que siempre le perteneció, sin intermediarios cupulares ni instituciones que, según el argumento, sirvieron más al mercado que a la ciudadanía.
La ironía, serena y un poco melancólica, reside en que esta invocación de un México latente, oprimido, que solo emerge plenamente cuando coincide con la victoria del proyecto transformador, termina subordinando todo lo demás —la protección de la vida amenazada por la violencia que devora comunidades enteras sin que el documento le dedique una sola línea sustantiva, la seguridad pública más allá de salvaguardas administrativas contra financiamiento ilícito que suenan a precaución contable antes que a estrategia contra el narco, el imperio de la ley como límite real al poder absoluto y no como invocación retórica para justificar recortes, la familia como primer claustro donde lo universal se traduce en lo concreto y que aquí queda relegada a un significante vacío, ausente de toda mención que no sea ornamental— al gran eje que respira en cada párrafo: el poder, su recentralización en quien hoy encarna la mayoría legislativa y el relato oficial, la transferencia de las designaciones feudales de las cúpulas partidistas tradicionales a las estructuras que controla el movimiento gobernante, bajo el pretexto virtuoso de que solo así la pluralidad surge de la expresión directa de la voluntad popular.
La reliquia más reveladora: la reconfiguración de las 200 diputaciones plurinominales —mitad para los segundos mejor votados en distritos, lo que premia la fuerza ya dominante y mitad por votación directa en circunscripciones, reduciendo umbrales de entrada para minorías genuinas mientras amplifica la ventaja de quien ya gana mucho—, sin mecanismos explícitos contra la sobrerrepresentación que Morena y aliados han explotado para reformar la Constitución sin consensos amplios; el recorte del 25% al financiamiento de partidos y al aparato electoral, que suena a austeridad republicana pero canaliza esos recursos hacia prioridades definidas por el Ejecutivo, no hacia la defensa concreta de vidas vulnerables o el fortalecimiento de comunidades familiares que resisten en los márgenes; la regulación de la inteligencia artificial en campañas o el voto electrónico para mexicanos en el extranjero, ajustes técnicos que palidecen ante la ausencia de toda reflexión sobre la familia como raíz de responsabilidad, sobre la propiedad como extensión de la persona que genera deberes antes que especulación, sobre la comunidad de escala humana frente a la abstracción devoradora del Estado que, en nombre del pueblo, termina absorbiéndolo todo.
¿No es curioso que, para afirmar la continuidad del humanismo mexicano ancestral, se recurra a una ruptura tan tajante con casi todo el pasado republicano, que se trace una línea desde Morelos hasta la mañanera como si entre ambos no hubiera mediado sino oscuridad y fraude, que se proclame el fin de la captura por intereses particulares precisamente cuando el texto entero respira la convicción de que el poder legítimo es aquel que coincide con la interpretación única de lo popular que hoy ostenta el movimiento?
Al final, el Congreso deliberará si acoge esta prosa de terciopelo como perfeccionamiento histórico o como un nuevo capítulo en la sempiterna transferencia de dominio disfrazada de democratización absoluta; y el lector atento, al cerrar el documento, quizá sospeche de sí mismo que la soberanía popular, cuando se reduce a mayoría aritmética sin contrapesos reales, deja de ser soberanía para convertirse en mero instrumento de perpetuación, mientras lo que permanece de verdad —la complejidad de la vida cotidiana, la familia como último refugio contra la abstracción, la ley como freno piadoso al mesianismo— sigue respirando callado, más allá de toda proclamación redentora, esperando que alguien, algún día, lo relea con ojos nuevos.
Valor Conservador 