Board of Peace

Anatomía de una paz transaccional, desde su mecanismo hasta sus grietas inevitables

Cuando uno se acerca al Board of Peace, esa entidad que Donald Trump ha hecho nacer en los salones de Davos el 22 de enero de 2026 y que la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de la ONU ha bendecido con un mandato inicial para Gaza pero que ya se expande como una sombra ambiciosa hacia cualquier zona de conflicto que un miembro solvente desee estabilizar, no puede evitar la sensación de estar contemplando un edificio erigido con rapidez admirable pero sobre arenas movedizas, donde la promesa de eficiencia ejecutiva choca con la antigua certeza de que las paces duraderas no se imponen desde una torre centralizada sino que emergen, pacientes y orgánicas, de la reconciliación en la escala humana.

El funcionamiento se despliega con una claridad casi mercantil que seduce por su rechazo a la parálisis burocrática: Trump ocupa la presidencia como Chairman vitalicio —un cargo desvinculado de su mandato presidencial estadounidense y proyectado como perpetuo, con autoridad para interpretar el charter, invitar o excluir miembros, romper empates en votaciones, vetar decisiones clave y dirigir la orientación general sin necesidad de consenso amplio— flanqueado por un ejecutivo reducido donde figuran figuras como Jared Kushner en inversiones y reconstrucción, Tony Blair en gobernanza y relaciones internacionales, Marco Rubio en asuntos regionales, Steve Witkoff como enviado especial al Medio Oriente, Ajay Banga del Banco Mundial en finanzas y hasta Benjamin Netanyahu como representante israelí, todos ellos supervisando el National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), un ente tecnocrático liderado por Ali Shaath —un ingeniero palestino de perfil administrativo pero sin base representativa amplia en la sociedad gazatí— que gestiona educación, salud, infraestructura y servicios cotidianos bajo control estricto del Board.

Este comité provisional administra el día a día mientras el Board despliega la International Stabilization Force —miles de efectivos multinacionales para tareas de policía y estabilización—, presiona la desmilitarización progresiva de Hamas (con concesiones iniciales que permiten armas ligeras mientras se negocia el desarme completo) y canaliza fondos iniciales de más de cinco mil millones de dólares ya prometidos por miembros fundadores para la reconstrucción física, una suma que suena generosa hasta que se confronta con las estimaciones del Banco Mundial que hablan de decenas de miles de millones necesarios para reparar el enclave devastado, dejando el grueso a rondas futuras de captación que dependerán inevitablemente de la agenda del Chairman eterno.

La membresía se estructura en estratos precisos: un desembolso inicial de mil millones de dólares asegura un asiento permanente con influencia decisoria de facto —un veto suave derivado del peso financiero—, mientras que la adhesión temporal de tres años permite participación sin cuota fija pero con rotación sujeta a la aprobación del Chairman; hasta treinta y cinco estados pueden integrarse y veintisiete han confirmado su adhesión hasta mediados de febrero de 2026, formando un mosaico que revela afinidades personales y cálculos estratégicos más que una alianza universal: Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Cambodia, Egypt, El Salvador, Hungary, Indonesia, Israel, Jordan, Kazakhstan, Kosovo, Morocco, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Saudi Arabia, Turkey, United Arab Emirates, Uzbekistan, Vietnam y los Estados Unidos como eje fundador.

Observe el patrón que se traza: una fuerte concentración en el Medio Oriente y el Golfo —Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Jordania, Egipto, Turquía, Marruecos—, aliados en la contención de Irán o en la normalización con Israel vía los Acuerdos de Abraham, dispuestos a invertir en una estabilidad que les beneficie; un bloque postsoviético o periférico en Europa del Este y Asia Central —Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Bielorrusia, Bulgaria, Hungría, Kosovo, Albania—, muchos con líderes que mantienen lazos cálidos con Trump o buscan alternativas a presiones externas; y adherentes dispersos —Argentina, Paraguay, El Salvador, Indonesia, Pakistán, Vietnam, Mongolia, Camboya—, atraídos por afinidad ideológica, pragmatismo o visibilidad en un foro donde el dólar compra influencia inmediata.

Lo que falta pesa más que lo presente y aquí comienza la melancolía irónica: ninguna potencia europea tradicional del G7 —ni Francia, ni Alemania, ni Reino Unido, ni Italia en membresía plena, aunque algunos observen desde la periferia— el rechazo explícito del Vaticano por operar fuera del marco de la ONU, la ausencia de China y Rusia pese a rumores iniciales, la distancia de Canadá y otros aliados atlánticos, pero sobre todo la exclusión de cualquier representación palestina auténtica —ninguna voz de la sociedad civil gazatí o de facciones no alineadas en el ejecutivo central, solo un tecnócrata token en el NCAG—, transforman el Board en un club selecto donde se decide el destino de Gaza sin que Gaza tenga paridad en la mesa, un paternalismo contemporáneo que evoca los mandatos antiguos pero sin su pretensión de neutralidad.

Los puntos en contra se acumulan como reliquias en una catedral abandonada: la presidencia vitalicia de Trump convierte el organismo en una extensión personal de su voluntad, sin sucesión clara ni rendición ante instancias multilaterales, evocando la desconfianza medieval hacia emperadores que se coronan solos; la asimetría en la desmilitarización —Hamas reducido a la irrelevancia mientras Israel y aliados mantienen arsenales bajo “seguridad compartida”— perpetúa un statu quo que muchos interpretan como protectorado encubierto, donde la reconstrucción física sirve de cortina para una contención geopolítica que prioriza la estabilidad israelí sobre la soberanía palestina genuina, sin calendario vinculante para elecciones libres ni reconocimiento de derechos como el retorno o la autodeterminación; el financiamiento transaccional convierte la paz en commodity —mil millones por asiento permanente significa que solo los solventes dictan el ritmo, dejando a naciones como México en observador cortés pero silenciado, mientras fondos fluyen hacia proyectos que podrían beneficiar redes cercanas al círculo trumpiano, como las inmobiliarias asociadas a Kushner—; el alcance expansivo, que aspira a intervenir en Ucrania, el Sahel o cualquier “zona amenazada” si un miembro lo financia, fragmenta el derecho internacional en feudos de poder selectivo, donde la intervención depende no de mandato universal sino de cheques y alianzas coyunturales, un distributismo invertido que concede influencia solo a quienes pagan la entrada.

En el fondo late la sospecha de que esta paz no busca sanar heridas tanto como reconfigurar el tablero bajo términos favorables a un puñado de actores, disfrazando control con filantropía y transacción con generosidad; uno pasea entonces por estos claustros imaginarios donde tratados viejos susurran advertencias sobre iniciativas que nacen con ambición de eternizarse y terminan revelando las fisuras de su fundador.

¿Puede algo perdurable edificarse sobre una estructura tan centrada en un solo hombre, en contribuciones millonarias y en exclusiones elocuentes?, se pregunta el lector al cerrar el volumen, quizá con un leve suspiro, invitado a volver la mirada hacia lo que permanece: las paces pequeñas, tejidas en la familia, en la aldea, donde una parcela bien labrada y una biblioteca humilde siguen siendo más revolucionarias que cualquier board financiado con promesas de cinco mil millones, porque al final la verdadera estabilidad no se compra en catálogo, sino que se hereda, lenta y callada, de quienes aún creen que el sentido común resiste mejor que cualquier diseño imperial.