Valor Conservador

Imagina, si te detienes un instante en el flujo de la mañana que ya no fluye del todo porque la ciudad se ha acostumbrado a tropezar con lo que tolera, cómo una misma escena se repite con variaciones mínimas pero idéntica sustancia por toda esa vasta urbe que alguna vez se soñó cosmopolita y que hoy parece resignada a ser un mosaico de tolerancias selectivas, clientelas enquistadas y espacios comunes que se pierden gota a gota: en Ribera de San Cosme, la noche del 13 de febrero de 2026, una alcaldesa opositora, llega en persona a supervisar un reordenamiento que pretende devolverle a los peatones unos metros de banqueta cerca del Metro San Cosme, donde de cinco puestos autorizados se había pasado a veintidós en meses recientes sin que nadie exhibiera un permiso oficial que lo justificara y lo que encuentra no es diálogo paciente ni resistencia pasiva, sino una emboscada con más de doscientas personas que empujan, golpean, rompen vidrios de vehículos, derriban de una motocicleta a la propia funcionaria, dejan costillas fracturadas en su particular, lesiones óseas en colaboradores jóvenes, moretones que marcan el pómulo izquierdo, la espalda, los brazos y la cadera de quien intentó ordenar lo que décadas de omisión y conveniencia dejaron desbordarse, mientras las motos se vuelcan en el asfalto húmedo y los gritos de “queremos trabajar” se entremezclan con insultos que los videos, inevitables en esta era de la captura perpetua, registran sin piedad.

Y esa misma fractura, ese mismo patrón de violencia organizada que responde al toque de quien osa tocar el statu quo enquistado, se repite sin descanso en paraderos atestados como Tasqueña o el de la Línea A donde las plazas comerciales prometidas siguen siendo promesa lejana mientras toldos y mercancía apilada devoran el espacio de los usuarios, en los accesos al Metro de estaciones como Auditorio o Mixcoac donde puestos semifijos brotan casi por generación espontánea y obstruyen el paso diario de cientos de miles, en las inmediaciones de zonas escolares que deberían ser refugios de infancia y terminan oliendo a fritanga y humo negro que los niños respiran en vez de aire limpio, en frentes de oficinas que pierden su dignidad urbana bajo capas de informalidad que convierten el trabajo formal en un lujo asediado, en alrededores hospitalarios donde la ansiedad de familiares y pacientes se suma a la obstrucción física que impide el paso ágil de ambulancias o sillas de ruedas, en andenes y pasillos de la Línea B que aún resisten cualquier intento serio de liberación porque el desalojo, cuando se produce, es selectivo, temporal y casi siempre seguido de un regreso más agresivo, más reivindicativo, porque la impunidad ha sido entrenada durante años como el lenguaje preferido de la negociación.

Lo que ocurrió en San Cosme no es un episodio aislado de confrontación entre una alcaldesa de oposición y una diputada morenista como Diana Sánchez Barrios, cuya organización histórica en el gremio ha sido señalada una y otra vez como la que moviliza respuesta cuando se siente amenazada su zona de influencia, ni siquiera un mero choque de visiones sobre el uso de la vía pública, sino la manifestación visible, casi didáctica, de un sistema que ha permitido, por conveniencia electoral pura y dura, que el comercio ambulante irregular se convierta en estructura de poder paralelo, clientelar, casi feudal, tolerado durante sexenios enteros porque mantener clientelas movilizadas evita plantones masivos en el Zócalo que paralicen la ciudad, bloqueos en avenidas principales que obliguen a negociar desde la debilidad o disturbios que desgastarían la narrativa sagrada de la “voluntad popular” como dogma infalible que absuelve cualquier desorden mientras sirva para sumar votos o garantizar gobernabilidad de bajo costo, incluso cuando ese costo lo pagan, en moretones y fracturas, quienes intentan aplicar la ley sin el escudo de las siglas dominantes.

Se ha cultivado, con paciencia casi monástica y con el cinismo sereno de quien sabe que el pueblo es un significante que se puede moldear, la ficción piadosa de que regular el ambulantaje equivale a atacar al pueblo, que cualquier intento de recuperar el espacio público es clasismo disfrazado o represión contra los vulnerables, mientras se ignora deliberadamente —o se finge ignorar con la misma seriedad con que un confesor absuelve al pecador habitual— que esa informalidad ha mutado en una red mafiosa de extorsión consentida, donde liderazgos cobran piso bajo el disfraz de cuotas solidarias, negocian permisos fantasma que nunca se exhiben en papel oficial, amenazan a vendedores de a pie que compiten en condiciones precarias, viven bajo amenaza constante y cuando el equilibrio se rompe responden con violencia organizada porque saben que la impunidad ha sido la regla tácita, la moneda de cambio entre lealtad partidista y omisión institucional que se disfraza de solidaridad con los pobres.

La ironía más amarga, casi baudrillardiana en su perfección, radica en que mientras se proclama desde las alturas la defensa de los más vulnerables, se ha institucionalizado su vulnerabilidad más profunda: los vendedores reales pagan el piso más alto, compiten sin reglas ni protección real, terminan siendo escudo humano de estructuras que acumulan poder político y económico verdadero, mientras la ciudadanía común —esa que transita con prisa por paraderos y accesos al Metro, que lleva hijos a la escuela entre humo y basura, que acude al hospital con miedo a no llegar a tiempo, que trabaja en oficinas que ya no son oficinas porque la calle las devoró— paga el impuesto invisible de la inseguridad peatonal, la movilidad entorpecida, la pérdida progresiva de lo que debería ser común, de esa vía pública que en la vieja cristiandad medieval se entendía como bien de todos y no como feudo de quien paga cuota al intermediario correcto o responde a la sigla que hoy detenta la mayoría absoluta.

No se trata de elegir bando entre la supervivencia del ambulante y el derecho al espacio ordenado, ni de ignorar que la informalidad nace de la ausencia de oportunidades dignas en una economía que empuja a miles a la calle sin darles salida verdadera, sino de admitir que lo que se ha dejado crecer por conveniencia ya no es inocente ni marginal, sino un cáncer clientelar que se extiende por toda la ciudad, devorando lo común desde adentro y que mientras sigamos confundiendo complicidad con solidaridad y cualquier intento de regulación con traición al pueblo, seguiremos viendo más moretones, más costillas rotas, más avenidas y accesos convertidos en feudos, porque el desorden, en el fondo más oscuro, ha dejado de ser un problema para convertirse en el método preferido de gobernar sin gobernar del todo, de mantener el poder a costa de la ciudad que dice representar.

Y sin embargo, en medio de los moretones que marcan no solo cuerpos sino también la memoria colectiva de una urbe que aún recuerda tiempos en que el espacio común se negociaba con palabras y no con tubos, cabe imaginar una propuesta que no sea ni mesianismo ni rendición, sino un camino modesto, distributista en su esencia, que respete la escala humana: primero, un censo riguroso y transparente de vendedores reales, no de líderes que los representan, con verificación cruzada entre alcaldías y gobierno central para evitar duplicidades y permisos fantasma; segundo, la creación de plazas o mercados de proximidad en terrenos subutilizados o expropiados por deudas fiscales, no como guetos lejanos sino como extensiones de la comunidad, con cooperativas de vendedores que administren los espacios y paguen renta a cambio de formalización gradual; tercero, un fondo municipal para microcréditos y capacitación en oficios alternos, financiado con multas acumuladas por extorsión y piso para que quien quiera transite hacia algo más estable sin ser forzado a la precariedad eterna; cuarto, patrullaje permanente pero no represivo, con mediadores vecinales que dialoguen antes de actuar y sanciones ejemplares solo contra quienes organicen violencia o cobren piso; quinto y quizá lo más difícil, romper el clientelismo desde arriba, prohibiendo que líderes gremiales ocupen cargos públicos mientras representen intereses particulares, para que la política deje de ser el refugio de quienes viven del desorden.

Queda, entonces, esa pregunta que ronda como un eco entre el humo de las fritangas y el ruido de las motos que no cesan: ¿será posible, en esta ciudad nuestra, pasar de los moretones a un orden que no sea impuesto ni tolerado, sino construido con paciencia y sin absoluciones absolutas o seguiremos caminando entre fracturas como quien pasea por una biblioteca infinita donde los libros ya no se leen, solo se custodian como reliquias de un tiempo en que lo común aún pertenecía a todos?