La declaración de Clara Brugada, vertida apenas ayer en la conferencia matutina, de que sería “muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación para que le bajáramos a la nota roja”, porque “sabemos que es lo que atrae” y “entre todos debemos contribuir a mejorar la percepción”, llega como un susurro que pretende ser conciliador pero que, al posarse sobre el oído atento, revela el rumor de algo más antiguo y más profundo, esa tentación recurrente de los poderes que al no poder erradicar del todo el mal, prefieren negociar su imagen, como si la realidad fuera un manuscrito iluminado que se puede raspar y reescribir con tinta más clara, olvidando que bajo el pergamino raspado siempre queda la huella del texto anterior, indeleble.
No se trata aquí de desconocer las cifras que el gobierno presenta con legítimo orgullo, esas curvas descendentes en homicidios dolosos o en robos de alto impacto que las carpetas de investigación registran mes a mes, ni de menospreciar el esfuerzo por tejer utopías culturales en los barrios donde la violencia ha sido durante décadas el paisaje cotidiano, porque hay en esa intención algo que recuerda la vieja aspiración cristiana de redimir el tiempo mediante la belleza y la comunidad, algo que uno no puede sino respetar en su nobleza originaria, pero cuando la propuesta pasa de fortalecer lo que permanece —la familia que vela, la calle que se organiza, el templo que acoge— a proponer un pacto editorial que modere el relato de lo que acontece, entonces el gesto se tiñe de una ironía casi medieval: se convoca a los cronistas para que callen o atenúen la crónica de la plaga, como si el silencio colectivo pudiera conjurar la peste en vez de permitir que se propague en lo oculto.
Y es precisamente esa ocultación la que invita a la pregunta más áspera, la que no se formula en voz alta pero que late en el pecho de quien camina por las colonias donde la extorsión no necesita ser televisada para cobrar su diezmo semanal, donde el narcomenudeo se ha vuelto rutina tan natural como el paso del Metrobús, donde una ejecución en un callejón de Iztapalapa o en un mercado de Gustavo A. Madero no requiere cámaras para dejar huérfanos y viudas que pagan el duelo en silencio: ¿es este el gobierno que necesitamos, uno que ante la disonancia entre sus estadísticas y el sentir colectivo opta por domesticar el espejo en lugar de limpiar lo que el espejo refleja o será que en el fondo, lo que se ofrece no es más que una variante refinada de aquellos otros pactos, los que no se firman en salones con micrófonos y sonrisas protocolares, sino en habitaciones sin ventanas donde el Estado y las estructuras del crimen organizado delimitan plazas, horarios, cuotas de impunidad, esos acuerdos disueltos en cal y ácido que dejan solo fragmentos óseos y el eco de promesas rotas?
Recuérdese, sin necesidad de exhumar archivos, cómo en sexenios pasados —incluyendo aquellos que hoy se invocan como antítesis— se firmaron “acuerdos de cobertura informativa de la violencia” que buscaban exactamente lo mismo: moderar la exposición del horror para no “alar mar” a la población, y sin embargo la violencia no menguó por el mutismo selectivo, sino que mutó, se volvió más sorda, más cotidiana, más enquistada en el tejido social, porque el mal, cuando no se enfrenta con presencia real y con coraje sostenido, no se disipa, solo aprende a no necesitar reflectores para seguir operando, ahora en un giro que la historia parece saborear con malicia, es un gobierno que se dice heredero de la crítica a esos pactos el que los reproduce con vocabulario más suave, envuelto en la buena intención de “mejorar la percepción”, como si la percepción fuera un bien administrable por decreto y no el residuo acumulado de experiencias vividas en la carne propia y en la de los vecinos.
La tradición que aún nos habita, esa que aprendió en los scriptoria monásticos a desconfiar de los significantes vacíos y a medir la verdad por sus frutos visibles, nos susurra que la seguridad auténtica no nace de consensos cupulares ni de boletines que celebran descensos porcentuales, sino de lo pequeño y lo concreto: la familia que transmite lealtad y límites sin esperar subsidios, la comunidad de escala humana que patrulla sus calles no por obligación estatal sino por responsabilidad compartida, la propiedad que arraiga al hombre en un lugar y lo obliga a defenderlo, el Estado que protege en vez de maquillar, porque cuando el gobierno prefiere pactar con los mensajeros en lugar de desmantelar las causas del mensaje, se abre la grieta por donde se cuela la sospecha de que los verdaderos acuerdos ya están firmados en otra parte, en las sombras donde la voluntad popular no llega a iluminar.
Por eso la interrogante queda flotando, como el humo de un incienso que se disipa lentamente en una nave gótica: ¿queremos un gobierno que nos invite a dormir con la ilusión de que el silencio mediático equivale a la paz o uno que nos exija despertar, mirar de frente la herida tal como es y exigir que los pactos que importan sean los que disuelvan al crimen organizado en vez de disolver su reflejo en las pantallas?
Porque si elegimos lo primero, quizá logremos una serenidad aparente, pero a costa de una ciudad que siga desangrándose en lo invisible; si optamos por lo segundo, el sendero será sin duda más áspero, más demandante, pero al menos llevará el sabor de la honestidad y en esa honestidad quién sabe, podría germinar algo que se parezca de verdad a la justicia, a la paz verdadera, a esa que no se declara con comunicados sino que se conquista, paso a paso, mirada a mirada, en las esquinas donde la vida se juega todos los días.
Valor Conservador 