Valor Conservador

El aborto, esa decisión que se toma en la penumbra de lo irreparable, no se disuade con el filo de la ley cuando la ley ya no corta como antes, sino con el tejido lento, casi invisible, de lo que una sociedad decide cuidar o abandonar.

Porque detrás de cada aborto hay casi siempre una historia de soledad económica, de futuro que se adivina estrecho, de redes familiares que se han roto o nunca existieron con fuerza suficiente, de un hombre que desaparece o que nunca estuvo, y sobre todo de una pregunta que pocas veces se responde con honestidad: ¿qué se ofrece realmente a quien lleva una vida dentro cuando esa vida amenaza con desbaratar la que ya existe?

Y no sería acaso el Estado, ese leviatán impersonal que en México ha asumido el rol de garante último de derechos, el que debe equilibrar su balanza no solo facilitando el acceso al aborto en los términos que la jurisprudencia ha dibujado, sino también asegurando con igual vigor —con una equidad que no sea mera retórica sino simetría concreta— el acceso a la vida, ese derecho primordial que no se agota en la mera supervivencia biológica sino que exige condiciones materiales para que el nacer no sea condena a la precariedad perpetua.

Porque una garantía estatal que se inclina solo hacia el aborto sin robustecer con idéntica determinación el sostén de lo naciente no es equidad, sino una forma sutil de desequilibrio que privilegia el vacío sobre la continuidad, confirmando en silencio que la vida es un derecho condicionado por la conveniencia del momento y no por la dignidad inherente que la Constitución proclama para todos, sin distinción de etapas embrionarias o fetales.

En México, donde el mapa jurídico del aborto se ha fragmentado en parches de permisividad y prohibición, pero la práctica persiste con terquedad estadística, el reto no reside ya en endurecer códigos penales que de poco sirven frente a la decisión ya tomada, sino en tejer, con paciencia casi monástica, aquellas condiciones que hagan menos probable que una mujer —o una niña— llegue a ese borde.

Apelando no a dogmas confesionales sino a la evidencia científica de que el embrión humano es un organismo vivo de nuestra especie, a la coherencia ética de no privar de futuro a un ser inocente que comparte nuestra humanidad biológica y a la convicción universal de que la dignidad no depende de la conciencia plena ni del tamaño ni de la ubicación, sino de lo que uno es desde el principio, en este marco el Estado, que ha constitucionalizado el aborto como un servicio público accesible, debe asumir con simetría absoluta su responsabilidad en garantizar el acceso a la vida, no como abstracción retórica sino como red de protecciones concretas que hagan viable la opción de continuar.

Porque una neutralidad que solo habilita abortar sin invertir recursos equivalentes en el apoyo a la maternidad no es neutralidad, sino una inclinación ideológica disfrazada de imparcialidad, un desbalance que el ciudadano atento podría leer como la confirmación de que el Estado, en su afán por ser árbitro de libertades individuales, ha olvidado su rol primordial de custodio de la vida en todas sus formas vulnerables.

Y si la equidad estatal se mide por la simetría de sus garantías, ¿no sería hora de exigir que el presupuesto destinado a clínicas abortivas se equilibre con fondos paralelos para redes de sostén vital, no por capricho moral sino por coherencia constitucional?

La primera puerta que se puede abrir sin tocar una coma de la legislación vigente es la educación en la responsabilidad compartida, porque el embarazo no deseado surge muchas veces de la ignorancia o de la improvisación juvenil y sin embargo una formación seria, no ideológica sino arraigada en la biología del desarrollo humano, en el respeto al cuerpo como entidad propia y en la sexualidad como dimensión relacional que exige madurez y compromiso, podría sembrar desde la infancia y la adolescencia una cultura que vea en el acto sexual no un mero placer instantáneo sino un vínculo que implica consecuencias irreversibles.

Multiplicada en escuelas públicas y privadas, en campañas de salud pública sin sesgos militantes, en programas que muestren con rigor científico las etapas del desarrollo prenatal —desde la zigoto hasta el feto viable—, esta educación preventiva no promete milagros, pero reduce el número de embarazos imprevistos al devolverles a los jóvenes el sentido de la espera y de la elección informada.

Y aquí el Estado, que ya invierte en educación sexual con énfasis en la prevención de riesgos, podría equilibrar su enfoque garantizando que la información sobre la vida prenatal sea tan accesible y detallada como la que se ofrece sobre métodos interruptivos, porque la equidad no es omisión, sino inclusión plena de todas las realidades biológicas.

Pero supongamos que el embarazo ya está ahí, no deseado y la mujer duda, calcula, teme, aquí entra lo que pocas veces se nombra con seriedad: el apoyo concreto, material, inmediato a la maternidad en precariedad, donde el Estado, que ya invierte en clínicas para aborto, podría redirigir recursos simétricos hacia casas de acogida que no sean meros refugios temporales sino lugares donde una mujer pueda quedarse los meses necesarios y algunos más, con guardería incorporada, con capacitación laboral real, con atención médica sin filas interminables, con alimento para ella y para el niño que nacerá.

Existen ya algunas, sostenidas por redes civiles amplias que incluyen a personas de diversas convicciones, organizaciones que operan en silencio en distintos estados ofreciendo alojamiento temporal, formación y orientación para que la maternidad no sea sinónimo de condena a la pobreza perpetua, pero son gotas en un océano de necesidad, multiplicarlas, profesionalizarlas, financiarlas con donativos privados y con la generosidad de comunidades que entienden la solidaridad como imperativo humano más allá de credos y sobre todo con un compromiso estatal que equilibre su garantía de acceso al aborto con una garantía equivalente de acceso a la vida —mediante fondos públicos que igualen en volumen y accesibilidad los destinados a la interrupción—, cambiaría el cálculo de muchas, porque la equidad estatal no se proclama, se presupuesta y se ejecuta con la misma diligencia que se aplica a otros derechos reproductivos.

Y junto a eso, la red de acompañamiento afectivo y psicológico que hoy casi no existe fuera de ciertas iniciativas provida de amplio espectro, una mujer que se siente escuchada sin ser juzgada, que puede hablar de su miedo sin que le digan que es egoísta o que es víctima, que recibe orientación sobre adopción abierta si esa es su inclinación —como las que promueven organizaciones que priorizan el bienestar de madre e hijo—, o sobre lactancia y cuidados neonatales si decide seguir adelante, a menudo descubre que el aborto no era la única salida imaginable.

La empatía organizada, la que no sermonea sino que sostiene con la racionalidad de quien reconoce que el derecho a la vida del más pequeño no es un lujo religioso sino un principio básico de justicia distributiva, tiene un poder disuasivo silencioso que ninguna norma penal iguala y aquí nuevamente el Estado podría intervenir no como paternalista omnipotente sino como facilitador de redes que hagan tangible esa justicia, equilibrando sus protocolos para el aborto con protocolos paralelos para el sostén vital, porque si la equidad es el lema de un Estado moderno, ¿por qué no aplicarla aquí, donde la asimetría actual revela no una neutralidad, sino una preferencia implícita por la muerte?

Finalmente, para las parejas ya casadas que buscan espaciar responsablemente los nacimientos sin cerrar la puerta a la vida, está la educación en los métodos naturales de regulación de la fertilidad, porque la observación científica de los ciclos femeninos —métodos como el Billings o el Creighton, basados en signos biológicos objetivos— permite ajustar la intimidad al ritmo natural sin intervenciones artificiales, fortaleciendo la comunicación y el respeto mutuo que el individualismo contemporáneo ha erosionado, y que cualquier pareja, independientemente de su fe, puede adoptar como herramienta de paternidad responsable fundada en el conocimiento del cuerpo y no en su manipulación, en esto también el Estado podría promover talleres accesibles con la misma equidad que destina a otras opciones reproductivas.

No olvidemos tampoco lo económico puro y duro: becas específicas para madres solteras que estudian o trabajan, ampliación real de licencias de maternidad pagadas que no se queden en el papel, microcréditos sin burocracia para mujeres que quieren emprender con un hijo pequeño, acceso prioritario a vivienda social para familias monoparentales, todo ello impulsado por iniciativas civiles que entienden la propiedad como raíz de responsabilidad y no como acumulación especulativa, pero con un rol estatal que, al igual que asegura el acceso al aborto como servicio público, debe garantizar el acceso a la vida mediante políticas económicas que no dejen a la maternidad en el limbo de la caridad privada, equilibrando presupuestos y prioridades con una equidad que no discrimine entre opciones.

Y sin embargo, todo esto seguiría siendo insuficiente si no se toca la raíz cultural: la familia como primer ámbito de traducción entre lo universal y lo concreto, la comunidad de escala humana que aún recuerda que criar no es solo asunto de dos personas, sino de un tejido que incluye abuelos, tíos, vecinos.

Restaurar, aunque sea en pedazos, esa red de solidaridad cotidiana que el individualismo urbano y la migración han desgarrado, requeriría un esfuerzo casi contracultural: promover la corresponsabilidad masculina no con campañas vacías sino con ejemplos vivos, dignificar el trabajo de cuidado, recordar que tres habitaciones propias y una biblioteca pequeña siguen siendo más revolucionarias que cualquier plan sexenal.

Al final, quizá la pregunta más incómoda no sea cuántas leyes faltan, sino cuántas presencias faltan: presencias que digan, sin grandilocuencia, “no estás sola, aquí hay algo que vale la pena sostener”.

Y si el Estado, que ha asumido el monopolio de la garantía de derechos, no equilibra su balanza hacia el acceso a la vida con la misma determinación que aplica al aborto —con equidad en recursos, en protocolos, en visibilidad pública—, ¿no estará confirmando, en silencio, que su noción de justicia es selectiva, que la equidad es un significante flotante al servicio de modas ideológicas y no de la humanidad compartida?

Porque cuando una sociedad decide cuidar de verdad lo que nace y a quien lo lleva, desde la razón compartida y la evidencia de la humanidad común, más allá de cualquier etiqueta confesional, el aborto deja de ser la única puerta visible y se convierte, lentamente, en una opción entre otras, menos elegida no por prohibición, sino por preferencia.

¿Cuánto estamos dispuestos a pagar, en tiempo, en dinero, en atención callada, para que esa preferencia sea posible y no será acaso el Estado el primero en responder, equilibrando sus garantías con una equidad que no discrimine entre el fin y el comienzo, sino que abrace ambos con la imparcialidad que su rol exige?

Ahí reside, creo, la única revolución que no necesita decreto ni altar.