Los crímenes contra menores, particularmente los de naturaleza sexual como la pedofilia, la pederastia, el abuso sexual infantil, la violación equiparada, la corrupción de menores y la explotación, representan la forma más vil y destructiva de violencia que una sociedad puede tolerar, estos delitos no solo violan el cuerpo y la dignidad de las víctimas más vulnerables, sino que fracturan su desarrollo emocional, psicológico y social de manera profunda y, con frecuencia, permanente, dejando secuelas que perduran décadas y generan un costo humano y social incalculable.
En México la situación constituye una crisis estructural en escalada sostenida, según datos de la Secretaría de Salud y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), en 2024 se atendieron en hospitales 10,613 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes de 1 a 17 años, la cifra más alta registrada desde 2010 con un incremento del 8.3% respecto a 2023 y un repunte acumulado de más del 1,200% desde el año base, las víctimas son abrumadoramente mujeres (92.8% en 2024), y alrededor de cuatro de cada cinco casos corresponden a adolescentes de 12 a 17 años, mientras que en el primer semestre de 2025 el delito de corrupción de menores (que abarca elementos de explotación y pederastia) alcanzó 1,444 casos, un aumento del 15.7% respecto al mismo periodo de 2024 y el máximo histórico desde 2015, además se reportaron incrementos en pornografía infantil relacionada con trata (hasta 86% en algunos periodos), y entidades como Jalisco, Estado de México, Veracruz, Chihuahua y Coahuila concentran cifras alarmantes, la gran mayoría de estos abusos ocurren en el entorno familiar o de confianza (padres, padrastros, tíos, cuidadores), lo que agrava la traición profunda y perpetúa ciclos de silencio, trauma intergeneracional y revictimización.
El impacto en las víctimas es devastador e irreversible en muchos casos, trastorno de estrés postraumático complejo, depresión crónica, ansiedad severa, baja autoestima extrema, conductas autodestructivas, autolesiones, ideación suicida, trastornos alimentarios, abuso de sustancias, dificultades graves en relaciones interpersonales, disfunciones sexuales y mayor riesgo de ser revictimizadas en la adultez, estos daños no son meramente temporales, marcan vidas enteras, afectan la capacidad de confiar, de formar familias sanas y de contribuir plenamente a la sociedad, y generan costos económicos y emocionales inmensos para el país.
Pero lo más indignante y estructural es la impunidad casi absoluta, se estima que solo 1 de cada 1,000 casos llega a una sentencia condenatoria, lo que implica un índice de impunidad del 99%, muchos agresores siguen libres reincidiendo mientras las víctimas cargan con el peso del silencio forzado por miedo, vergüenza, desconfianza en las autoridades o falta de apoyo, esta impunidad no es accidental, responde a fallas sistémicas en la denuncia, investigación, persecución y juzgamiento.
En el Código Penal Federal el delito de pederastia (artículo 209 Bis) se tipifica como el aprovechamiento de la confianza, subordinación o superioridad sobre un menor de 18 años (por parentesco, tutela, relación docente, religiosa, laboral u otra) para ejecutar, obligar, inducir o convencer a realizar cualquier acto sexual con o sin consentimiento, actualmente las penas van de 9 a 18 años de prisión con multas y agravantes en casos de violencia o reincidencia, y el delito es imprescriptible desde reformas previas, sin embargo estas sanciones siguen siendo insuficientes para disuadir proporcionalmente la gravedad extrema de los actos ni para reparar el daño irreversible causado.
Es imperativo reconocer que la respuesta actual es insuficiente a pesar de avances como la imprescriptibilidad y algunos incrementos en penas estatales, por ello urge una reforma estructural profunda al Código Penal Federal y a los códigos penales estatales para introducir la cadena perpetua (prisión vitalicia) en los casos más graves de delitos sexuales contra menores, incluyendo pederastia, pedofilia consumada en abuso, violación equiparada, corrupción de menores y explotación, especialmente cuando involucren violencia extrema, reincidencia, abuso de autoridad, parentesco directo o resultado en muerte o lesiones graves, esta medida ya se aplica en varios países de América Latina como Perú (cadena perpetua en casos agravados de violación y abuso sexual infantil), Chile (presidio perpetuo calificado en violaciones con homicidio o agravantes extremos), Argentina (en homicidios agravados por abuso sexual o reincidencia grave) y Colombia (cadena perpetua revisable para violadores y asesinos de menores), precisamente para proteger a la infancia y enviar un mensaje inequívoco de que estos crímenes no tienen redención social posible.
Pero la cadena perpetua no debe limitarse al autor directo, debe extenderse con igual rigor a todo aquel que encubra deliberadamente el delito, auxilie al agresor a escapar, lo proteja, lo apoye económicamente, facilite la comisión del crimen o obstruya la justicia (por ejemplo familiares que ocultan los hechos, instituciones que trasladan al agresor en lugar de denunciarlo, servidores públicos que entorpecen la investigación), el encubrimiento deliberado no es pasividad, es complicidad activa que perpetúa el daño, multiplica el sufrimiento de la víctima y sostiene la red de protección que hoy ampara a tantos agresores, castigar con la misma severidad a estos encubridores rompería esa impunidad colectiva.
La sociedad mexicana no puede seguir tolerando que la indignación se quede en palabras o en reformas parciales, proteger a la infancia exige justicia proporcional, disuasión real, prevención efectiva en escuelas y familias, atención psicológica especializada sostenida para sobrevivientes y cero tolerancia a la complicidad, introducir la cadena perpetua para autores y encubridores deliberados no es venganza, es un acto de civilización, un compromiso ético inquebrantable con las generaciones futuras y la única forma viable de empezar a romper el ciclo de impunidad que hoy nos avergüenza como nación.
¿Hasta cuándo seguiremos permitiendo que los peores crímenes queden impunes? La hora de la reforma profunda es ahora.
Valor Conservador 