En el gran escenario de las relaciones entre naciones, donde las palabras se convierten en signos cargados de significado oculto, resuena una declaración que desvela la fragilidad de los ideales multilaterales: “¿Usted cree que a mi me importa lo que diga la ONU?”, pronunciada por el secretario de Estado Marco Rubio al justificar la audaz operación estadounidense que culminó en la captura de Nicolás Maduro, ese régimen agotado que durante años se refugió tras escudos retóricos de soberanía mientras facilitaba redes de narcoterrorismo que envenenan el hemisferio.
Esta frase, lejos de ser un arrebato aislado, actúa como un mensaje cifrado dirigido no solo a los remanentes chavistas, sino a todos los gobiernos de la región que invocan la Carta de las Naciones Unidas como talismán contra la acción decidida de las potencias y en particular a la presidenta Claudia Sheinbaum, cuya rápida condena de la intervención como violación flagrante del derecho internacional revela la persistencia de una diplomacia populista que prefiere apelar a foros inertes antes que confrontar las realidades internas de debilidad estatal.
La ONU, esa construcción posbélica destinada a equilibrar el caos de las soberanías, se manifiesta una vez más como un laberinto de resoluciones grandilocuentes que los fuertes eluden con serenidad pragmática, mientras los débiles se aferran a ellas como a un dogma vacío, México, heredero de una tradición de no intervención que en su origen defendía la dignidad nacional frente a injerencias externas, hoy la invoca de manera selectiva bajo el gobierno de Morena, que condena la captura de un dictador acusado por jurados estadounidenses de narcotráfico, pero tolera en su propio territorio la proliferación de feudos criminales donde los cárteles ejercen una soberanía paralela, más efectiva y brutal que la del Estado central.
El velo del mensaje de Rubio se levanta con claridad: en un mundo donde el fentanilo atraviesa fronteras matando a cientos de miles en el norte, y la migración descontrolada altera equilibrios demográficos, la paciencia de Washington tiene límites que no se miden por votos en la Asamblea General, sino por intereses vitales, Sheinbaum, que ha firmado acuerdos de cooperación en seguridad y extraditado capos para aplacar tensiones, recibe así un recordatorio implícito de que la retórica antiintervencionista no bastará si la autoridad efectiva no se restaura en los territorios fracturados del país, donde la estrategia de contención social disfrazada de humanismo ha permitido que el crimen organizado se arraigue como una sombra persistente.
En este entramado semiótico de poder y debilidad, la antigua sabiduría de las comunidades locales emerge como el principio olvidado que podría sanar tales fracturas: el orden se construye desde lo cercano, fortaleciendo familias, municipios y asociaciones intermedias que defienden la vida en su integridad, el bien común y la responsabilidad compartida, antes de delegar en burocracias lejanas o en centralismos que prometen transformación pero entregan fragmentación, un México verdaderamente soberano no se refugia en protestas ante organismos que consagran la impotencia, sino que recupera la autoridad moral y práctica en su suelo, tejiendo redes de solidaridad arraigadas en valores perennes que los cárteles profanan y el populismo diluye.
Rubio, con su desafío abierto, no expresa arrogancia gratuita, sino la lógica inexorable de quien defiende fronteras reales contra amenazas transnacionales, mientras Sheinbaum, atrapada en la herencia de un proyecto que prioriza el discurso sobre la acción efectiva, haría bien en interpretar el signo: la historia del continente la escriben quienes ejercen el poder con resolución, no quienes lo delegan en ilusiones multilaterales, de lo contrario, el mensaje velado se tornará explícito, y el equilibrio hemisférico se reconfigurará sin consultar resoluciones que nadie respeta cuando los intereses vitales están en juego.
