Valor Conservador

La criminología y la ciencia forense son fundamentales para comprender, prevenir y combatir el delito, sin embargo, en la Ciudad de México estas disciplinas han sido subutilizadas y enfrentan múltiples desafíos estructurales, operativos y presupuestales que limitan su impacto, en una ciudad con altos índices de criminalidad, desigualdad social y un sistema judicial marcado por problemas estructurales, estas áreas deberían ocupar un papel protagónico, no solo en la resolución de delitos, sino también en el diseño de estrategias preventivas que aborden los factores subyacentes al fenómeno criminal, aunque su potencial es evidente, la falta de inversión, profesionalización e integración dentro del sistema judicial y de seguridad pública está impidiendo que estas herramientas científicas sean funcionales y efectivas.

La criminología: una herramienta desaprovechada

La criminología no solo es el estudio del delito, sino una disciplina clave para comprender sus causas profundas, diseñar estrategias de prevención y formular políticas públicas efectivas, en una ciudad como la Ciudad de México, donde convergen contrastes sociales, pobreza, migración, exclusión y violencia estructural, la criminología debería ser pieza angular en el desarrollo de soluciones aplicadas, sin embargo, su integración dentro de las instituciones de seguridad aún es insuficiente y, en muchos casos, inexistente.

Actualmente, la criminología en la CDMX sigue relegada a un papel teórico y secundario, las estrategias de seguridad pública y justicia no suelen basarse en análisis criminológicos que aborden las causas sociales, culturales o psicológicas del comportamiento delictivo en zonas específicas, sino que responden de forma reactiva a los delitos, ejemplo son: los patrullajes, operativos policiales o instalación de cámaras de vigilancia rara vez están fundamentados en estudios interdisciplinarios que evalúen por qué determinadas comunidades tienen altos índices de criminalidad, lo que reduce la eficacia de las estrategias al enfocarse en los síntomas y no en las raíces del problema, existe una falta de oportunidades para que los perfiles criminológicos puedan integrarse efectivamente al sistema de seguridad, aunque instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) o la UNAM forman criminólogos especializados de alto nivel, el campo laboral sigue siendo limitado dentro de las estructuras del sistema de justicia, lo que provoca que el conocimiento generado desde la academia o los centros de investigación no se traduzca en soluciones prácticas para la ciudad, teniendo graves consecuencias, mientras no se valore la criminología como herramienta estratégica, persistirá un círculo vicioso de criminalidad y violencia que no será atendido adecuadamente, una mayor inversión en proyectos criminológicos permitiría no solo abordar los factores estructurales del crimen, sino también diseñar intervenciones sociales, educativas y urbanas que reduzcan las desigualdades que fomentan la delincuencia.

La ciencia forense: avances limitados por recursos insuficientes

Por otro lado, la ciencia forense tiene un papel mucho más visible en el sistema de justicia, pero su funcionamiento está gravemente limitado por falta de recursos, tecnología y personal, la ciencia forense convierte los indicios físicos en pruebas objetivas que pueden ser valoradas en un juicio, lo que la convierte en una herramienta indispensable para resolver delitos y romper con la impunidad, sin embargo, en una ciudad con millones de habitantes y una alta tasa de criminalidad, las instituciones forenses no tienen la capacidad para responder al volumen de casos que enfrentan.

Un ejemplo claro de estas limitaciones son las condiciones bajo las que opera el Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del Poder Judicial, así como la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX), instituciones que enfrentan una carga de trabajo extremadamente elevada; un perito puede atender simultáneamente entre 30 y 50 casos, cuando los estándares internacionales recomiendan un máximo de 10 a 15. Esta saturación no solo afecta la calidad del análisis, sino que también genera retrasos que alimentan la impunidad y la frustración ciudadana.

A esto se suma un presupuesto claramente insuficiente. En 2022, el INCIFO operaba con aproximadamente 250 millones de pesos anuales, una cifra que parece significativa, pero que, al dividirse entre salarios, mantenimiento, equipos, tecnología y operatividad, resulta claramente insuficiente para la demanda existente, en otras ciudades como Bogotá o Buenos Aires, los presupuestos asignados al análisis criminal per cápita son considerablemente mayores y han demostrado ser claves para la mejora de sus sistemas de justicia.

Otro factor crítico es la falta de modernización tecnológica en áreas clave como la criminalística de campo, la balística y el análisis cibernético, si bien existen laboratorios relativamente avanzados de genética y dactiloscopía, muchas otras ramas operan con recursos limitados, herramientas antiguas o infraestructura inadecuada, además los servicios forenses están altamente centralizados, lo que genera cuellos de botella logísticos en la recolección, transporte y análisis de evidencias.

Incluso áreas fundamentales como la cadena de custodia presentan vulnerabilidades importantes, en muchos casos, no se cumplen al pie de la letra los protocolos internacionales para preservar las evidencias recolectadas, lo que puede derivar en su invalidez durante los procesos judiciales, esto no solo perpetúa la impunidad, sino que también desacredita a las instituciones encargadas de garantizar justicia.

La inversión necesaria para 2026

Para que la criminología y la ciencia forense sean verdaderamente funcionales en la Ciudad de México, se requiere una inversión sustancial que por fin corresponda a las necesidades de una metrópoli de esta magnitud. Actualmente, el INCIFO apenas recibe 250 millones de pesos anuales, mientras que el presupuesto operativo total de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX ronda los 5,352 millones de pesos, pero gran parte de este monto se destina a salarios y operatividad básica, no al desarrollo de áreas técnicas como las forenses, sumado a esto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que recibe más de 21,000 millones de pesos, tampoco destina recursos prioritarios a estudios criminológicos especializados.

Para garantizar un funcionamiento óptimo, el presupuesto total anual debería incrementarse a por lo menos 4,000 a 5,000 millones de pesos exclusivamente para criminología y ciencia forense. Este presupuesto permitiría:

1. Contratar y capacitar al menos 400 nuevos peritos especializados en balística, antropología forense, genética y criminalística de campo, con un costo estimado de 300 millones anuales.
2. Modernizar los laboratorios forenses, adquirir tecnología avanzada (como escáneres 3D y herramientas de criminalística digital) y construir cinco nuevos laboratorios descentralizados, con una inversión inicial de 1,500 millones y un mantenimiento anual de 300 millones de pesos.
3. Fortalecer las Unidades de Análisis Criminológico con al menos 200 criminólogos capacitados en el diseño de políticas públicas de prevención, asignando 200 millones anuales adicionales.
4. Digitalizar completamente la cadena de custodia y desarrollar auditorías independientes para garantizar la transparencia y el seguimiento de cada evidencia, con un presupuesto de 250 millones iniciales y 50 millones anuales para mantenimiento.
5. Desarrollar campañas preventivas y educativos basados en investigaciones criminológicas con una inversión de 150 millones anuales.

La situación actual de la criminología y la ciencia forense en la CDMX refleja una grave falta de priorización en el diseño de políticas públicas en materia de justicia y seguridad, disciplinas que no solo son herramientas reactivas, sino también preventivas, la inversión estratégica en ambas áreas es clave no solo para reducir la impunidad—que alcanza el 94 % en el país—sino para construir una ciudad más segura, confiable y preparada para enfrentar los retos del futuro.

Destinar recursos adicionales no representa un gasto, sino una inversión necesaria y sostenible que beneficiará tanto a la ciudadanía como al sistema judicial, ningún sistema de justicia puede ser sólido si no está basado en la ciencia, el análisis riguroso y una comprensión profunda del fenómeno criminal, ya es hora de que la Ciudad de México reconozca la urgencia de fortalecer estas disciplinas para garantizar la justicia que todos merecemos.