No puedo sino alzar la voz con indignación contenida ante el caos que nos envuelve, el sistema de protección civil en México no solo ha sido rebasado por los desastres naturales, ha demostrado una ineficiencia crónica, una ineficacia imperdonable, una ausencia total de profesionalismo y protocolos que, en el mejor de los casos, parecen diseñados para fallar, ¿cómo es posible que, en pleno siglo XXI, con avances tecnológicos al alcance, sigamos contando muertos por lluvias que se anuncian con días de antelación?, esto no es un accidente, es un fracaso colectivo, una negligencia que atenta contra la seguridad de las familias, el orden social y el futuro que merecemos construir, hablo claro, mientras algunos celebran “austeridad” como virtud, las vidas perdidas gritan la hipocresía de un sistema que prioriza recortes sobre la prevención, dejando a comunidades enteras a merced de la naturaleza.
Retrocedamos para ver el patrón repetitivo, ese ciclo vicioso que nos condena, en 2023, el huracán Otis azotó Guerrero con una furia inesperada, cobrando más de 50 vidas y dejando daños por casi 90 mil millones de pesos, sobre todo en Acapulco, donde la respuesta federal llegó tarde, envuelta en burocracia y sin una prevención que hubiera salvado hogares y sueños, al año siguiente, en 2024, el huracán John repitió la pesadilla en la misma región, inundando comunidades, bloqueando accesos y exponiendo la misma lentitud, ayuda que prioriza trámites sobre personas, mientras miles quedaban varados sin agua ni refugio, pero nada ilustra mejor esta ineficacia que las inundaciones de octubre de 2025, un desastre que al 13 de octubre, ha escalado a proporciones trágicas, las lluvias torrenciales, intensificadas por la tormenta tropical Priscilla y el temporal Raymond, han dejado al menos 64 muertos y 65 desaparecidos en estados como Veracruz con ciudades como Poza Rica devastadas por 629 milímetros de lluvia en apenas días, desbordando ríos como el Cazones, Hidalgo con 22 víctimas reportadas, Puebla 10, San Luis Potosí y Querétaro 1, miles de damnificados en 139 municipios, evacuaciones masivas de más de 900 personas, viviendas arrasadas por el lodo, infraestructuras colapsadas –todo esto mientras las alertas tempranas fallan en llegar a tiempo, las brigadas locales operan sin coordinación y la ayuda federal se enreda en protocolos obsoletos, ironía cruel, en Hidalgo y Veracruz, donde las afectaciones son más graves, comunidades enteras narran su angustia por la lentitud de la respuesta, con desaparecidos que podrían haberse salvado con evacuaciones preventivas adecuadas, ¿cuántas familias más deben perderlo todo para que admitamos que este sistema no protege, sino que expone?
Esta crisis no se limita a lluvias, es un mal endémico que abarca sismos, erupciones volcánicas y sequías, recordemos el sismo de Puebla en 2017, donde la falta de protocolos estandarizados dejó edificios colapsando sobre inocentes o el monitoreo constante del Popocatépetl, que nos recuerda nuestra vulnerabilidad geográfica sin que se inviertan recursos suficientes en alertas comunitarias, la gestión sigue siendo reactiva y centralizada, como si esperáramos el desastre para improvisar, la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, justificada como “austeridad republicana”, ha creado un vacío que el Programa de Atención a Emergencias por Desastres Naturales (PAEDN) no cubre, más lento, más burocrático, dependiente de presupuestos anuales inestables y sin énfasis en prevención, mientras los costos de desastres se disparan –de 2001 a 2023 han aumentado drásticamente por sexenio–, el gobierno federal planea recortes para 2025, asignando solo 176 mil millones de pesos al Sistema Nacional de Protección Civil, reduciendo fondos clave para prevención en un contexto climático que agrava todo, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) sufre un corte del 9.4%, de 81 a 73 millones de pesos –migajas cuando los daños de desastres como estas inundaciones ascienden a miles de millones y vidas irremplazables, estos recortes no se limitan a protección civil, se extienden a sectores interconectados, en seguridad pública, el presupuesto cae un 36.1%, equivalente a 37,031 millones de pesos menos, impactando a la Guardia Nacional y la prevención del delito, el medio ambiente recibe solo 44,370 millones de pesos, apenas el 0.1% del PIB, insuficiente para mitigar desastres o revertir el deterioro ambiental, mientras que instituciones como Profepa ven recortes que limitan la fiscalización, estudios muestran que cada peso en prevención ahorra entre 7 y 16 en reparaciones, una lección que ignoramos a nuestro propio riesgo.
La ineficacia es sistémica, impregnada de falta de profesionalismo, brigadistas sin capacitación adecuada, protocolos que ignoran realidades locales –como en la Huasteca potosina, donde accesos remotos requieren planes específicos que no existen–, y una politización que convierte la ayuda en herramienta electoral, en la tormenta tropical Lester de 2022, damnificados fueron excluidos por “umbrales técnicos” absurdos, priorizando burocracia sobre humanidad, esta “austeridad” selectiva es una burla, se destinan recursos a proyectos faraónicos mientras se descuida la prevención, dejando a madres y niños expuestos, en la Ciudad de México, que adoro por su mezcla de tradición y modernidad –donde la sabiduría ancestral en el manejo del agua nos inspira a soluciones inclusivas–, las inundaciones recurrentes en Iztapalapa o Gustavo A. Madero exponen protocolos inadecuados, drenajes colapsados, refugios insuficientes y alertas que fallan en barrios vulnerables, aunque CDMX no ha sido el epicentro esta vez, su red hidráulica, sobrecargada por urbanización descontrolada, nos pone en riesgo constante.
Critico con respeto esta visión centralizada que asfixia a estados y municipios, reduciendo su autonomía para actuar con agilidad, no es casual que opositores alerten sobre estos riesgos, señalando que minimizan la capacidad nacional para enfrentar crisis, aquí radica mi oposición a esa corriente tibia que se dobla ante la inercia, diluyendo valores tradicionales en nombre de un pragmatismo vacío –como ciertos partidos que olvidan defender un conservadurismo auténtico, uno que priorice la protección de la vida desde su origen y el apoyo real a las familias, México merece un sistema renovado, inversión masiva en monitoreo avanzado con tecnología accesible, capacitación profesional para brigadistas que incluya simulacros comunitarios, protocolos estandarizados pero adaptados localmente y un fondo estable para reconstrucción inmediata, libre de burocracia, promovamos una economía circular que impulse emprendedores en soluciones sostenibles –como sistemas de drenaje moderno en CDMX que respeten nuestra herencia hidráulica o alertas tempranas vía apps en regiones como Veracruz–, fomentemos la auto protección proporcional de comunidades, con entrenamiento responsable, para que las familias no dependan solo de un estado fallido, apoyemos a madres y hogares vulnerables con redes de apoyo preventivo, asegurando que la dignidad humana sea el centro.
Basado en hechos, entre 2013 y 2022 se gastaron más de 209 mil millones en reparaciones reactivas, pero con estos recortes, el ciclo vicioso continúa, las inundaciones de octubre –con 64 vidas segadas, 65 desaparecidos y miles en la miseria– lo demuestran con crudeza, propongo restablecer un fondo dedicado a desastres con énfasis en prevención, aumentar presupuestos para Cenapred y protección ambiental al menos al 0.5% del PIB, y descentralizar recursos para que municipios como los de CDMX respondan con profesionalismo, invito a gobiernos, sociedad y empresarios a unirnos en un proyecto con raíces profundas, defendiendo lo que nos une, la seguridad de nuestras familias, la dignidad de cada mexicano y un futuro sólido para esta tierra bendita, porque la verdad no radica en discursos vacíos, los hechos, las vidas perdidas y el sufrimiento evitable hablan por sí solos, exigiendo cambio ya.
Valor Conservador 