Valor Conservador

Una Traición a la Justicia y al Bien Común en el Escándalo de Adán Augusto

En estos días, mientras contemplo con una indignación que crece hora tras hora el enredado panorama de la política mexicana, no puedo evitar sentir un profundo dolor por cómo la búsqueda incansable de la verdad y la defensa del bien común parecen haber sido relegadas a un segundo plano, dejando a las familias y comunidades expuestas a la erosión constante de la confianza en quienes deberían protegerlas, valoro la integridad personal, la responsabilidad en el ejercicio del poder y la solidaridad que une a los más vulnerables, por lo que me resulta no solo inquietante, sino una afrenta directa a los principios que sostienen una sociedad ordenada, el mutismo persistente de gran parte de la oposición ante el destape del escándalo que envuelve a Adán Augusto López Hernández, silencio que no es un vacío inocente; representa una abdicación moral que permite que la corrupción y la violencia se infiltre más profundamente en el tejido social, socavando la seguridad de miles de hogares que anhelan un entorno donde la dignidad de cada persona sea respetada y defendida sin concesiones y en el centro de esta parálisis opositora, emerge la figura de Jorge Romero líder del PAN, cuya supuesta implicación en el “cártel inmobiliario” no solo lo desacredita, sino que pone en tela de juicio su valentía para enfrentar el mal ajeno cuando el propio podría salpicarlo, su honradez ante acusaciones de enriquecimiento ilícito que benefician a unos pocos a costa de muchos y su probidad como dirigente de un partido que se dice defensor de valores éticos, pero que bajo su mando opta por el mutismo en momentos cruciales.

Para comprender la magnitud de este asunto, es esencial profundizar en los hechos que han salido a la luz en las últimas semanas, revelando un patrón de negligencia o peor, que pone en jaque la credibilidad de figuras clave en el poder, Adán Augusto, en su rol como coordinador de Morena en el Senado y exgobernador de Tabasco, designó a Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Comandante H”, como secretario de Seguridad Pública durante su administración estatal de 2019 a 2021. Bermúdez no era un funcionario ordinario; informes de inteligencia, incluyendo aquellos filtrados por Guacamaya Leaks desde la SEDENA, lo vinculan desde hace años a “La Barredora”, un grupo criminal derivado del Cártel Jalisco Nueva Generación responsable de extorsiones masivas, secuestros que destrozan familias enteras, robo de hidrocarburos que agota recursos vitales para las comunidades y una ola de violencia que ha convertido regiones enteras en zonas de temor constante, documentos accesibles al público, que muestran que el conocimiento de estos nexos databa de al menos 2018, mucho antes de su nombramiento y sin embargo Adán Augusto no solo lo mantuvo en el puesto, sino que ya como secretario de Gobernación extendió permisos a casinos operados por la familia de Bermúdez, incluyendo a su hermano Humberto quienes señalado en fichas militares por tráfico de cocaína desde 1999, esta cadena de decisiones plantea interrogantes: ¿cómo un Secretario de Gobernación con acceso a información privilegiada pudo pasar por alto tales advertencias, permitiendo que el crimen organizado operara desde las entrañas mismas de las instituciones encargadas de combatirlo? La huida de Bermúdez a países como Panamá, España y posiblemente Brasil, con una alerta roja de Interpol activada desde febrero, no hace más que amplificar las dudas sobre una posible protección o indiferencia que ha costado vidas y paz a innumerables ciudadanos y justo 23 se reporta la detención de Ulises Pinto Madera, alias “El Mamado”, un colaborador clave de Bermúdez en “La Barredora”, en un operativo federal que involucra a la Marina y la FGR, lo cual, aunque positivo no disipa las sombras sobre cómo tales elementos llegaron a posiciones de poder bajo el mando de Adán Augusto.

Lo que agrava esta situación y me llena de una frustración que roza la ira es la coincidencia temporal casi orquestada con la que se revive el escándalo del “cártel inmobiliario” en la Ciudad de México, un esquema de corrupción que implica a líderes del PAN como Marko Cortés y de manera central, Jorge Romero, este supuesto entramado, que ha permitido el otorgamiento irregular de permisos de construcción, enriquecimiento ilícito a través de desarrollos urbanísticos caóticos y el desplazamiento forzoso de comunidades vulnerables, no surge de la nada justo ahora; ha sido denunciado previamente, pero su resurgimiento en medio del clímax del caso Bermúdez huele a una estrategia deliberada para equilibrar las acusaciones y desviar el foco público, afines a Morena han impulsado puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados para instalar comisiones especiales que investiguen este “cártel”, mientras que el propio Adán Augusto permanece intocable sin que se exija una renuncia inmediata o una investigación imparcial, esta táctica de “equiparar males” no solo diluye la responsabilidad individual, sino que perpetúa un ciclo de impunidad donde los poderosos se protegen mutuamente, dejando a las familias de clase media y baja pagando el precio de un urbanismo descontrolado que encarece la vivienda y destruye barrios tradicionales, erosionando el sentido de comunidad y pertenencia que tanto necesitamos para una sociedad estable y es aquí que Jorge Romero se erige como el epicentro de esta distracción sospechosa: señalado repetidamente como el “jefe” de este cártel por la presidenta Claudia Sheinbaum y otros, con carpetas de investigación abiertas por la FGJ de la CDMX que involucran irregularidades por más de 350 millones de pesos, permisos dudosos en Benito Juárez durante su tiempo como delegado (2012-2015), y un supuesto saqueo sistemático que no fue un accidente, sino un plan orquestado para beneficiar a élites a costa del bien común.

Pero vayamos al grano con Jorge Romero, cuya conducta en este momento crítico me obliga a cuestionar no solo su liderazgo, sino los pilares mismos de su carácter: ¿dónde está su valentía, esa cualidad esencial que un verdadero conservador debería encarnar para defender el orden social y proteger a las familias de la amenaza del crimen organizado? ¿Por qué, en lugar de alzar la voz con fuerza contra el escándalo de Adán Augusto –un caso que representa una oportunidad inmejorable para exponer las fallas del régimen actual–, opta por un silencio que huele a cobardía, posiblemente temiendo que cualquier ofensiva destape sus propios enredos y lo exponga a una investigación más profunda? Legisladores panistas han confesado en voz baja que reciben instrucciones explícitas de no tocar el tema del “narcosecretario” y todo apunta a Romero como el artífice de esta mordaza, priorizando su autoprotección sobre el deber de oposición. ¿Es esta la valentía que se espera de un líder que se jacta de defender valores como la honestidad y la rectitud? No, esto es una traición a los principios que deberían guiar a cualquier dirigente comprometido con la subsidiariedad, donde cada nivel de poder asume su rol en la defensa del bien común sin esconderse detrás de pactos de silencio y hablando de honestidad, ¿cómo puede Romero presumir de ella cuando las acusaciones lo pintan como el orquestador de un esquema que ha permitido irregularidades en más de 100 inmuebles, enriquecimiento ilícito y un urbanismo que desplaza a comunidades vulnerables, todo mientras él acumula poder y recursos? Las presuntas cuentas irregulares por cientos de millones de pesos, detectadas por la Fiscalía de la CDMX, no son meras especulaciones; son indicios graves que cuestionan su honradez en un país donde la corrupción inmobiliaria erosiona la dignidad de las familias que luchan por un techo digno. ¿Dónde queda su probidad, esa integridad moral que debería ser el sello de un conservador auténtico, cuando en lugar de enfrentar las denuncias con transparencia, responde con evasivas y acusa a otros de “espiarlo”, como si sus acciones no merecieran escrutinio? Romero, al silenciar a su partido para evitar que el boomerang de la justicia lo alcance, no solo abandona su deber; revela una probidad fracturada, donde el interés personal prima sobre la solidaridad con los afectados por la inseguridad y la impunidad.

En este contexto, el rol de Jorge Romero emerge como particularmente siniestro, ya que desde su posición de influencia en el PAN –y como presunto artífice de ese “cártel inmobiliario”–, parece haber emitido directivas internas para amordazar a senadores y diputados de Acción Nacional, impidiéndoles alzar la voz con la vehemencia que el escándalo demanda. Esta parálisis no es aislada; se extiende a líderes como Ricardo Anaya –una figura prominente del PAN que en el pasado no dudaba en vociferar contra la corrupción– mantienen un perfil bajo, evitando cualquier crítica sustantiva pese a que este caso representa una oportunidad dorada para cuestionar la narrativa de “renovación moral” de Morena, solo contadas excepciones, como Xóchitl Gálvez, quien ha roto el silencio al acusar a Adán Augusto de “carecer de inteligencia o ser cómplice”, o intentos fallidos en el Senado por parte de Mayuli Latifa, destacan en un mar de pasividad que sugiere cooptación, miedo o resignación. ¿Cómo puede un partido que se dice defensor de valores como la honestidad y el orden social optar por el mutismo cuando la infiltración del narco en el gobierno amenaza directamente la seguridad de las familias mexicanas? La ausencia total de coordinadores opositores en la Comisión Permanente del Congreso, sin una sola palabra sobre el tema, no es casual; es un abandono que deja a los ciudadanos solos en la lucha por un México donde la dignidad no sea pisoteada por cálculos políticos.

Este silencio opositor contrasta de manera grotesca con las respuestas evasivas y defensivas del propio Adán Augusto y el gobierno en turno, que parecen más enfocadas en minimizar daños que en buscar justicia genuina, tras días de ausencia pública –desde el 9 de julio nadie lo había visto ni oído–, Adán Augusto reapareció recientemente, liderando una reunión en la Junta de Coordinación Política del Senado y afirmando en redes sociales que desconocía los antecedentes de Bermúdez, presumiendo gráficos de reducciones delictivas en Tabasco durante su gestión como si eso borrara la realidad de un colaborador prófugo, se ofrece “a la orden” de las autoridades, pero evade detalles concretos sobre cómo un presunto líder criminal llegó a un puesto tan sensible o por qué no actuó ante alertas tempranas, la presidenta Claudia Sheinbaum, por su lado, ha pedido su versión de los hechos y enfatizado que “no se protege a nadie”, pero sus declaraciones suenan vacías cuando se consideran contratos otorgados a familiares de Bermúdez por entidades gubernamentales o la falta de acciones contundentes como una comisión independiente que llegue al fondo sin influencias partidistas Morena ha iniciado procesos para suspender derechos partidistas a Bermúdez y perfilar su expulsión, pero esto se percibe como un mero control de daños, un gesto superficial que no aborda la infiltración profunda del crimen en las esferas del poder ni restaura la fe en un sistema que debería priorizar la protección de los más débiles, el Consejo Nacional de Morena, con gritos de “¡No estás solo!”, solo amplifica la percepción de un partido que cierra filas en torno a la lealtad antes que a la rectitud, pero al mismo tiempo lo relegan a una esquina como extraño incómodo.

Desde mi perspectiva conservadora, este episodio entero no es solo un escándalo político; es una crisis existencial que ataca los fundamentos de una nación donde cada nivel de autoridad debe asumir su rol en la promoción de un orden social justo, sin delegar responsabilidades en excusas o distracciones, la pasividad de la oposición, posiblemente orquestada por figuras como Jorge Romero para salvaguardar intereses personales, abandona a las comunidades tabasqueñas –y a todo México– a la merced de la violencia organizada, donde madres pierden hijos, emprendedores son extorsionados y el tejido familiar se deshilacha bajo el peso de la inseguridad, ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que alguien exija cuentas reales? Esto erosiona no solo la democracia, sino la esencia misma de una sociedad que aspira a la solidaridad, donde los vulnerables no sean sacrificados por los cálculos de los poderosos, además, revela una desconexión profunda entre los líderes y la gente común, que lucha diariamente por mantener hogares seguros y valores intactos en medio de un panorama donde la corrupción parece normalizarse, el resurgimiento del “cártel inmobiliario” como distractor, con propuestas de comisiones respaldadas por la Presidencia, no hace más que confirmar que el sistema prioriza el equilibrio de acusaciones sobre la justicia genuina, dejando a las familias pagando el precio de un México donde la dignidad es un lujo.

En última instancia, este momento de turbulencia me invita a una reflexión más amplia y urgente sobre el futuro de México: necesitamos desesperadamente un renacer moral en la política, donde la dignidad de cada individuo sea el eje central y donde la subsidiariedad impulse a cada institución a cumplir su deber sin componendas, creo que solo recuperando el compromiso con la rectitud absoluta –exponiendo y corrigiendo males sin distinción de banderas–, podremos forjar un legado digno para las generaciones que vienen, si permitimos que silencios como estos prevalezcan, que figuras como Jorge Romero cuestionen su propia valentía, honradez y probidad al priorizar la autoprotección sobre el bien común, ¿qué esperanza queda para un país donde la justicia sea accesible a todos y no solo un privilegio de los intocables? Ojalá esta crisis despierte un clamor colectivo por cambio, rompiendo los ciclos de impunidad y restaurando la confianza en un orden social que proteja, una y eleve a cada familia mexicana.