Una Lección Amarga para la Ciudad de México
Como alguien que valora la responsabilidad personal, el respeto por la propiedad privada y la solidaridad con los más vulnerables, siempre me ha preocupado cómo las intervenciones estatales bien intencionadas terminan perjudicando a las familias y comunidades que pretenden ayudar, el caso de las rentas congeladas en la Ciudad de México, implementadas desde 1942 y vigentes hasta 2001, vemos un claro ejemplo de cómo una política pensada para proteger a los inquilinos terminó erosionando el tejido urbano y la dignidad de muchos barrios, medida que buscaba mantener la vivienda accesible durante tiempos de crisis, acabó generando despoblamiento masivo, deterioro físico de inmuebles y un desequilibrio que abrió la puerta a procesos como la gentrificación, afectando aún más las zonas centrales de la capital.
La ley de rentas congeladas surgió en un contexto de guerra mundial y escasez económica, congelando los alquileres residenciales para evitar abusos, sin embargo, al prolongarse indefinidamente, desincentivó a los propietarios a invertir en mantenimiento, ya que no podían ajustar los precios a la inflación o costos reales, edificios enteros en el Centro Histórico y alcaldías como Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo se convirtieron en ruinas habitadas, con rentas ridículamente bajas —como 40 centavos o 10 pesos mensuales en los años 70— que no cubrían ni reparaciones básicas, no solo afectó la estética de las calles, sino que puso en riesgo la seguridad de las familias, culminando en tragedias como el terremoto de 1985, donde miles de viviendas deterioradas colapsaron, dejando a decenas de miles de hogares destruidos y exacerbando el éxodo urbano.
El despoblamiento fue dramático: la población del Centro Histórico se desplomó en las décadas siguientes, barrios que alguna vez bullían de vida familiar se vaciaron, con propiedades abandonadas o convertidas en usos irregulares, dueños atados por contratos perpetuos y sin poder desalojar o renegociar, optaron por no rentar más, reduciendo la oferta de vivienda y empujando a la gente a las periferias, donde surgieron asentamientos informales, no promovió el bien común, sino que fragmentó comunidades, alejando a las personas de sus trabajos, raíces culturales y fomentando un mercado negro de alquileres que solo beneficiaba a unos pocos.
Pero el fin de las rentas congeladas en 2001 no trajo solo alivio; abrió un nuevo capítulo de desafíos con la gentrificación, zonas como Roma, Condesa y el Centro Histórico, una vez deterioradas por la falta de inversión, atrajeron capital privado que revitalizó edificios abandonados, mejoró la infraestructura y atrajo turismo y negocios, este proceso ha desplazado a familias de bajos ingresos, elevando drásticamente los precios de renta —por ejemplo, en Condesa, pasando de niveles accesibles a montos prohibitivos en pocos años— y transformando barrios tradicionales en enclaves exclusivos para clases medias y altas, la llegada de inversiones ha mejorado la imagen urbana, con peatonización y conservación patrimonial, pero a costa de la identidad cultural y la cohesión social, donde los residentes originales se ven forzados a mudarse, rompiendo lazos familiares y comunitarios que son esenciales para una sociedad justa.
Hoy, cuando escucho propuestas modernas para revivir controles de rentas —limitando aumentos a la inflación o regulando plataformas como Airbnb—, no puedo evitar ver los paralelismos con ambos extremos: el deterioro por exceso de regulación y la exclusión por desregulación desmedida, experiencias internacionales muestran que los controles de renta bajan la inversión, generan escasez y paradójicamente, elevan precios en el largo plazo, la CDMX, con un déficit significativo de viviendas, castigar a los propietarios con impuestos extras o expropiaciones solo agravaría el problema, desalentando la construcción y el mantenimiento que tanto necesitan nuestras colonias, pero tampoco podemos ignorar cómo la gentrificación, impulsada por fuerzas del mercado sin frenos, genera tensiones sociales y desplaza a los más necesitados, como se ve en la Roma y Juárez, donde rentas elevadas afectan incluso a negocios locales.
Creo firmemente que la solución radica en fomentar la iniciativa privada con responsabilidad compartida: simplificar permisos para construir vivienda accesible, incentivar inversiones que respeten la dignidad de las familias, promuevan la integración comunitaria y promover un mercado donde la oferta responda a la demanda real sin sacrificar la solidaridad, se pueden implementar normativas equilibradas como las de Manhattan en Nueva York, donde la estabilización de rentas limita los aumentos excesivos para proteger a los inquilinos vulnerables, al tiempo que permite ajustes razonables que incentivan el mantenimiento y la inversión, evitando tanto el deterioro como el desplazamiento masivo, solo así preservaremos el patrimonio urbano, evitaremos el deterioro por negligencia y la exclusión por codicia, permitiendo que las comunidades prosperen en libertad y unidad, rentas congeladas y la gentrificación nos enseñan que ignorar las leyes económicas naturales o la prioridad por los vulnerables termina perjudicando a todos; es hora de aprender de esa historia para construir un futuro más justo, donde cada persona pueda llamar hogar a su barrio sin temor a perderlo.
Valor Conservador 