Como ciudadano que ha vivido de cerca las turbulencias de nuestra política, no puedo evitar sentir una profunda convicción sobre la transparencia, para mí, la transparencia no es solo un concepto abstracto o un requisito burocrático, es el pilar fundamental que sostiene la democracia y protege el futuro de nuestra nación, en un país como México, donde la historia está marcada por escándalos de corrupción, opacidad en el manejo de recursos públicos y decisiones tomadas a puertas cerradas, la transparencia se convierte en una herramienta vital para empoderar a los ciudadanos y restaurar la confianza en quienes nos gobiernan, recuerdo mi propia juventud en los años 80, cuando las noticias de fraudes electorales y desvíos de fondos me llenaban de indignación, y cómo eso me impulsó a participar en movimientos estudiantiles que exigían mayor apertura, hoy, en este 2025, con un panorama político en constante evolución, esa convicción se ha fortalecido, porque veo que la falta de transparencia no solo perpetúa desigualdades, sino que socava las bases mismas de nuestra sociedad.
Pienso en cómo participo yo mismo en la política, aunque no sea un funcionario electo, cada vez que voto, comparto opiniones en redes sociales o apoyo una causa civil, estoy involucrado de una u otra forma, y lo mismo aplica a todos: desde el empresario que financia campañas, hasta el activista que denuncia irregularidades, pasando por el servidor público que administra fondos federales o locales, todos debemos rendir cuentas, porque la política no es un club exclusivo de élites, es un ecosistema donde cada acción repercute en la sociedad, si un político oculta sus ingresos o un donante esconde sus motivaciones, se erosiona la base de nuestra convivencia, la transparencia obliga a que cada participante revele sus intenciones, sus recursos y sus conflictos de interés, evitando que el poder se concentre en sombras invisibles, imagino un escenario donde, sin esta apertura, las decisiones se toman basadas en favores personales, influencias extranjeras o el propio crimen organizado como ha ocurrido en el pasado con casos de financiamiento ilícito en campañas electorales que han salpicado a varios partidos tradicionales.
Esta exigencia de transparencia se vuelve aún más crucial —y merece un énfasis especial— en el caso de las organizaciones que se encuentran en el proceso de convertirse en partidos políticos, un fenómeno que estamos viviendo intensamente en este 2025, con decenas de grupos civiles buscando su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), si realmente vamos a romper con el status quo —ese sistema viciado por la opacidad y los intereses ocultos que ha dominado nuestra política por décadas—, los primeros que deben demostrarlo son precisamente estos partidos en formación, ya que ellos prometen hacer una política diferente a lo ya establecido, fresca, inclusiva y libre de los vicios del pasado, no pueden predicar cambio mientras operan en las sombras, deben liderar con el ejemplo, abriendo sus procesos desde el inicio para probar que su promesa no es solo retórica, piensen en ello: estos grupos emergen como alternativas a los partidos tradicionales, criticando la corrupción y la falta de representación, pero si no son transparentes en su génesis, ¿cómo podemos creer en su transformación? Históricamente, México ha visto intentos de nuevos partidos que nacieron con buenas intenciones pero terminaron absorbidos por los mismos males, como en los años 2000 con formaciones que prometían renovación pero ocultaron alianzas con viejos caciques, hoy, en pleno proceso de registro, donde el INE evalúa asambleas y afiliaciones, la transparencia debe ser el estandarte que los distinga, no una obligación secundaria.
Aquí, la transparencia no se limita a finanzas y la procedencia del dinero —aunque eso es esencial para evitar lavado o influencias ocultas, como se ha visto en escándalos internacionales de financiamiento político—, sino que debe extenderse a todos los involucrados: los dirigentes, sus antecedentes y motivaciones, y sobre todo, los afiliados, que son el corazón de cualquier movimiento genuino, conocer los números reales y detallados que se dan durante el proceso de afiliación es absolutamente crítico, ya que el INE requiere un mínimo de afiliados verificados —al menos 3,000 por entidad en asambleas estatales o 300 por distrito— para validar el registro y cualquier manipulación, duplicidad o irregularidad en estas cifras podría distorsionar la representación popular y socavar la democracia desde sus raíces, en un contexto donde, a mediados de este año, muchas de estas organizaciones han luchado por conseguir el respaldo ciudadano y solo unas pocas avanzan, la opacidad en quiénes se afilian, cómo se verifican esas adhesiones, si hay presiones indebidas, coerciones o incluso afiliaciones ficticias, podría permitir que intereses ocultos se infiltren en el sistema político, yo como ciudadano, exijo saber si esos afiliados son genuinos, si representan una diversidad real de voces mexicanas —de diferentes regiones, clases sociales, perspectivas ideológicas, géneros y etnias— o si responden a agendas particulares, manipuladas por líderes o financiadores en la sombra, sin esta transparencia absoluta en los afiliados, estos partidos en formación corren el riesgo de nacer con vicios inherentes, perpetuando el ciclo de desconfianza que tanto daño ha hecho a México, es en este momento fundacional donde la luz debe brillar con más intensidad, para que los ciudadanos podamos evaluar si estos nuevos actores merecen nuestra adhesión o nuestro rechazo informado y así, asegurar que el rompimiento con el status quo sea auténtico y no una ilusión más, imaginen el peligro: un partido que se forma con afiliados “fantasma” o coaccionados por promesas laborales, como se ha rumorado en algunos casos recientes, solo para luego reproducir las mismas prácticas clientelares de los partidos establecidos, eso no solo decepciona a los votantes, sino que aleja a generaciones enteras de la participación política.
Para los ciudadanos mexicanos, esto significa mucho más que solo acceso a información, significa equidad: saber que el dinero de nuestros impuestos no se desvía a bolsillos privados, como ha sucedido en casos notorios de corrupción en Pemex o en contratos de obra pública, donde miles de millones se perdieron en la opacidad, significa justicia: poder fiscalizar a los líderes para que respondan por sus promesas, reduciendo la impunidad que ha plagado a nuestro país durante décadas, desde los fraudes en el Fobaproa hasta las irregularidades en la Guardia Nacional, imaginen un México donde cada decisión gubernamental se pueda conocer de principio a fin, donde los lobbies sean públicos y las alianzas políticas no se forjen en la oscuridad, permitiendo que ciudadanos comunes como yo y como tu, podamos rastrear el flujo de recursos y cuestionar desvíos en tiempo real, eso no solo previene abusos, sino que fomenta una participación activa: como ciudadano me siento motivado a involucrarme cuando sé que mi voz cuenta y que no estoy luchando contra un muro de secretos, en mi experiencia personal, cuando participé en una campaña local hace unos años, la transparencia en el manejo de donaciones fue lo que atrajo a más voluntarios, sin ella, el escepticismo reina.
He visto cómo la falta de transparencia ha generado desconfianza generalizada, alimentando el cinismo que aleja a la gente de las urnas y fortalece a los demagogos que aprovechan el vacío para prometer soluciones mágicas, en las elecciones pasadas, vimos cómo la apatía electoral creció precisamente por percepciones de corrupción no aclaradas, pero también he presenciado avances pasados, como la creación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), que representó un paso hacia la luz, aunque lamentablemente fue disuelto en marzo de 2025, con sus funciones transferidas a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), lo que plantea nuevos desafíos para garantizar una verdadera independencia en el acceso a la información, esta transición ha generado debates intensos sobre si realmente se fortalece la transparencia o se centraliza el control, recordándonos que las instituciones son frágiles y dependen de la voluntad colectiva, sin embargo, no basta con leyes o instituciones, necesitamos una cultura de apertura que impregne a todos los actores políticos, con un foco especial en esas organizaciones emergentes que aspiran a ser partidos, debemos promover educación cívica desde las escuelas, campañas en medios y plataformas digitales donde se exija rendición de cuentas en tiempo real, yo exijo y te animo a ti mi compatriota a exigir, que presidente, gobernadores, legisladores, jueces, empresarios y hasta influencers políticos —y ahora, prioritariamente, estos grupos en formación con sus afiliados al descubierto— sean transparentes en sus acciones, procesos y bases de apoyo, solo así construiremos un México más justo, donde los ciudadanos no seamos meros espectadores, sino coautores de nuestro destino.
En última instancia, la transparencia es libertad, es la garantía de que, como ciudadanos mexicanos, podamos tomar decisiones informadas, vigilar el poder y soñar con un país donde la honestidad no sea la excepción, sino la norma, es el antídoto contra la resignación que ha marcado a tantas generaciones, permitiéndonos anhelar un futuro donde la política sirva al pueblo y no al revés, yo creo en eso y espero que tú también, uniéndote a esta demanda colectiva por un México verdaderamente transparente.