Valor Conservador

Un caos normativo que pisotea la justicia

¿Cuántas leyes, reglamentos, códigos y normativas rigen México?, la pregunta parece inocente, pero la respuesta es un golpe bajo, un enredo tan grotesco que parece diseñado para saquear, tras escarbar, me topo con un pantano de cifras: unas 250 leyes federales (o 240, o 260, ¡vaya uno a saber!), 10 a 15 códigos federales, entre 2,000 y 5,000 reglamentos, y un disparate de más de 100,000 normativas, desde decretos hasta circulares y las infames NOMs, ¿100,000?, ¿200,000?, nadie lo sabe, porque en México contar leyes es como ordenar el caos de un huracán, este desorden no es un error, es una cloaca a propósito, un festín para la corrupción legal que usa la opacidad como arma para la impunidad y el robo.

El sistema legal mexicano es una farsa, sin un catálogo central que reúna las normas vigentes ni un intento serio de mantenerlas al día, el Diario Oficial de la Federación (DOF) escupe reformas y reglas a diario, pero son indescifrables para todos, ciudadanos, empresas y hasta los propios burócratas, esta oscuridad es una trampa para que los corruptos se enriquezcan, pero ¿por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pone orden en este desastre?, ¿por qué no hay una oficina en el Legislativo o el Judicial que mantenga un catálogo claro?, porque nadie quiere ese trabajo, la SCJN, que debería ser un faro de justicia, se limita a interpretar leyes, como si el caos normativo fuera asunto de otro, el Congreso, hundido en sus batallas políticas, ignora la necesidad de un inventario coherente, este vacío es complicidad pura, un sistema roto es un paraíso para el pillaje, y en México, el pillaje es el deporte rey.

Quieres cumplir la ley, ¡inténtalo!, debes navegar leyes como la Federal del Trabajo, más un enjambre de reglamentos, NOMs y acuerdos que cambian sin aviso, ¿una NOM nueva?, ¿un decreto fresco?, no te enteras hasta que un “gestor” te extiende la mano, el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional pone a México en el lugar 126 de 180, con un miserable 28/100, este nudo normativo no es un problema, es una industria de extorsión que aplasta a todos.

La corrupción legal no siempre llega con sobornos evidentes, a veces se camufla como “cumplimiento” selectivo, los funcionarios manipulan normas vagas para multar por infracciones imposibles de prever, en la construcción, las NOMs ambientales y los reglamentos municipales son un campo minado, la OCDE (2023) calcula que la sobrerregulación infla los costos de proyectos un 10%, dinero que suele terminar en sobornos para “desatorar” permisos, esto no es un sistema, es un asalto institucionalizado.

Los ciudadanos están igual de atrapados, ¿quién entiende el Código Fiscal o los reglamentos de datos personales?, nadie, porque el sistema es un enigma, “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento” es una burla sádica cuando las normas son un laberinto, esta opacidad deja a la gente a merced de funcionarios que extorsionan con “arreglos”, en X, las denuncias son un clamor: inspectores multan negocios por reglas oscuras y ofrecen soluciones sucias, sin pruebas sólidas, pero con la verdad de un pueblo harto de ser exprimido.

Este caos no solo facilita la corrupción, la protege, con tantas normas confusas, perseguir delitos es una fantasía, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó en 2023 que el 60% de las irregularidades en el gasto público vienen de interpretaciones a modo, ¿cómo castigas algo que ni el gobierno entiende?, sin un catálogo claro, los corruptos se esconden en la ambigüedad, la sobrerregulación crea cuellos de botella, la CMIC calcula que los trámites son el 15% del costo de un proyecto, y mucho de eso es puro soborno, esto traiciona cualquier idea de rectitud.

La impunidad reina, el Índice de Estado de Derecho 2024 del World Justice Project pone a México en el lugar 113 de 142, con un vergonzoso 0.39/1 en transparencia regulatoria, los vacíos legales diluyen escándalos como los desvíos en la Secretaría de la Función Pública o los contratos turbios en Pemex en un mar de tecnicismos, probar un delito es como cazar fantasmas, en X, la gente denuncia que funcionarios extorsionan con normas oscuras, como inspectores fiscales que “descubren” fallos para negociar, sin pruebas sólidas, pero con el peso de una verdad que todos sentimos: las normas son un arma, no un escudo.

Y ahora, tras las elecciones judiciales del 1 de junio de 2025, ¿dónde está la eficiencia, la eficacia, la justicia?, la reforma de 2024, publicada el 15 de septiembre, prometió “democratizar” el Poder Judicial con jueces electos por voto popular, pero es una farsa grotesca, se eligieron nueve ministros de la SCJN, 464 magistrados de circuito, 386 jueces de distrito y cinco miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, todo por voto popular, pero el proceso fue un circo, con solo un 13% de participación —la más baja en la historia— y más del 20% de votos nulos, según el INE, los candidatos, filtrados por comités controlados por Morena, PT y PVEM, eran en su mayoría leales al oficialismo, Hugo Aguilar Ortiz, un abogado sin trayectoria judicial clara, preside la SCJN, mientras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas cercanas al ex presidente López Obrador, se reeligieron, la oposición boicoteó el proceso, y con razón: México Evalúa y la OEA denunciaron irregularidades, falta de filtros técnicos y un riesgo mortal para la independencia judicial, el Tribunal de Disciplina, electo también, es una espada sobre los jueces, y la reducción de la SCJN de 11 a 9 ministros, sin salas y con términos de 12 años, centraliza el poder y la paraliza, la promesa de resolver casos fiscales en 6 meses y penales en un año es un espejismo, porque el caos normativo y la corrupción en fiscalías siguen intactos, Morena controla ahora la justicia, aniquilando cualquier esperanza de equilibrio, la OEA, en su informe del 6 de junio de 2025, lo dijo claro: este modelo es un “desastre polarizante” que no garantiza justicia, sino sumisión al poder político, México Evalúa calcula un costo del 1.9% del PIB por la incertidumbre que esta reforma genera, y la confianza en el sistema judicial está en el suelo, ¿eficiencia?, ¿eficacia?, ¿justicia?, pura propaganda, la reforma no ataca el caos normativo, solo lo empeora al entregar el Poder Judicial a los caprichos del partido en el poder.

Un sistema justo pondría a las personas en el centro, aseguraría que las leyes protejan a los vulnerables y promuevan equidad, pero en México, las normas son un garrote que enriquece a los corruptos y aplasta a los honestos, un marco legal claro sería un acto de justicia, pero aquí las leyes son un campo minado que favorece a los que compran favores, la SCJN y el Congreso tienen una obligación moral de acabar con este desastre, porque la justicia exige un sistema que no humille al pueblo, pero con una SCJN ahora domesticada y un Congreso que baila al son del oficialismo, esa obligación suena a utopía.

México necesita un sistema normativo que no sea una cloaca, un catálogo digital, claro, actualizado y en lenguaje humano, la SCJN podría liderar, pero bajo el control de Morena es un títere más, el Congreso, atrapado en sus intrigas, ignora el problema, esta inacción es una traición, el caos normativo es un negocio para los que se forran con él, un sistema transparente cortaría la corrupción, pero eso no le conviene a los que viven del desorden, la Cámara de Diputados y la Suprema Corte deben dejar de hacerse tontos, el DOF no puede seguir siendo un libro de acertijos, queremos un país donde cumplir la ley no sea una misión suicida, donde las normas no sirvan para extorsionar, donde la justicia no se pudra en tecnicismos, la reforma judicial no trajo justicia, trajo un candado más al autoritarismo, mientras este caos reine, la corrupción legal será el amo de México, burlándose de nosotros desde un sistema hecho para fallar, ¿es mucho pedir orden en esta farsa?, si el gobierno no sabe ni cuántas leyes hay, ¿cómo carajos espera que las sigamos sin caer en sus trampas corruptas?