La legitimidad rota
Como ciudadano, me detengo a reflexionar con una mezcla de frustración y esperanza sobre el fundamento de quienes ostentan el poder en nuestros tribunales y cortes. ¿Qué tan legítimo puede ser un juez o un ministro elegido por menos del 13% de los posibles votantes? La cifra golpea como un eco vacío en una plaza desierta, en una democracia, donde la voz del pueblo debería resonar como el cimiento de toda autoridad, un porcentaje tan ínfimo no parece un mandato, sino una sombra de lo que la democracia promete. Pero entonces, miro a nuestro sistema actual, donde jueces y ministros llegan a sus cargos sin haber enfrentado una sola urna, designados por acuerdos políticos o cúpulas de poder, y la pregunta se vuelve más punzante: ¿es esto realmente mejor? ¿Qué pesa más en la balanza de la justicia: un voto popular que apenas representa o una meritocracia que, sin transparencia, huele a favoritismo?
Imaginemos por un momento el escenario de una elección, millones de ciudadanos tienen el derecho —y el deber— de elegir a quienes interpretarán las leyes o tomarán decisiones que moldearán el rumbo de una nación, pero la realidad es cruda: la apatía, la desconfianza o la simple desinformación mantienen a la gran mayoría lejos de las urnas. apenas un 13% o incluso menos, decide por todos. ¿Es eso un mandato popular? ¿Puede alguien sostener, sin titubear, que un juez o ministro respaldado por tan pocos refleja la voluntad de una sociedad? La democracia no es solo el acto mecánico de votar; es la construcción de un consenso amplio, consciente, vibrante, cuando la participación se reduce a un susurro, el resultado no es un mandato, sino un vacío que socava la confianza en el sistema, porque, ¿qué mensaje envía al ciudadano común? que un puñado de votos, motivados tal vez por lealtades ciegas o promesas vacías, puede imponerse sobre el silencio de las mayorías.
Ahora, giremos la mirada hacia el otro lado del dilema: los jueces y ministros que no enfrentan elecciones, sino que son nombrados bajo el estandarte de la meritocracia, en teoría, suena ideal, un juez con décadas de estudio, con experiencia forjada en la aplicación rigurosa del derecho, debería ser la elección natural para garantizar justicia imparcial, un ministro con un historial impecable de servicio público, con conocimiento profundo de las complejidades de su campo, debería inspirar confianza, pero la teoría y la práctica rara vez se alinean con tanta pulcritud. ¿Quién define el mérito? ¿Quién asegura que no sea solo un disfraz para la lealtad política o los intereses de unos pocos? En un sistema donde los nombramientos ocurren a puertas cerradas, donde los criterios son opacos y las decisiones parecen responder más a pactos de poder que a la excelencia, la meritocracia se tambalea, sin rendición de cuentas, sin transparencia, el mérito se convierte en una palabra hueca, un argumento que se esgrime para justificar lo injustificable.
Entonces, ¿qué camino es mejor? ¿Un voto popular que, por su baja participación, carece de legitimidad? ¿O una meritocracia que, sin mecanismos claros, se presta a la manipulación? La respuesta no es binaria, porque ambos caminos, en su forma actual, están fracturados. El voto popular ofrece la promesa de una democracia viva, de un sistema donde el ciudadano tiene voz y voto. Pero cuando esa voz es apenas un murmullo, cuando la participación es tan baja que el resultado parece más un accidente que una decisión colectiva, la promesa se desvanece, por otro lado, la meritocracia apela a la razón: queremos a los mejores, a los más preparados, a quienes han demostrado con hechos su capacidad para servir, sin embargo, cuando el proceso de selección está contaminado por intereses ocultos, cuando no hay forma de verificar que el mérito sea real, la confianza se quiebra.
Creo que la solución no está en elegir un bando y descartar el otro, sino en reconstruir ambos con una visión más clara, si optamos por el voto popular, debemos asegurarnos de que sea un proceso robusto, sostenido por una ciudadanía informada y motivada, esto requiere educación cívica, campañas que no solo busquen votos, sino que despierten conciencia y un sistema electoral que facilite la participación sin barreras, si elegimos la meritocracia, necesitamos procesos transparentes, criterios públicos, verificables y una rendición de cuentas que garantice que los nombramientos no son favores políticos disfrazados de excelencia, porque al final del día, lo que buscamos no es solo llenar cargos, sino construir instituciones en las que podamos confiar.
Como ciudadano, anhelo un sistema donde los jueces y ministros no solo sean legítimos, sino que se sientan legítimos, quiero saber que su autoridad descansa en un mandato sólido ya sea por el respaldo claro de las urnas o por una trayectoria intachable que no deje lugar a dudas, no quiero seguir atrapado en esta disyuntiva entre un voto que no pesa y un mérito que no convence, quiero un sistema que no me obligue a elegir entre dos males, sino que me ofrezca una justicia que sea, al mismo tiempo, democrática y competente. Y tú, ¿qué prefieres: una democracia que no logra convocar o una meritocracia que no logra convencer? ¿O, como yo, sueñas con algo mejor, con un sistema que una lo mejor de ambos mundos y restaure la fe en quienes nos gobiernan y nos juzgan?
Valor Conservador 